El hermano de Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cometió delitos y calificó el caso como un “montaje”, tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimara reabrir el caso relacionado con los videos difundidos en 2020, Pío López Obrador reapareció públicamente para defender su postura y asegurar que no incurrió en ningún delito.
A través de un video de casi cuatro minutos difundido en sus redes sociales, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la resolución del tribunal y subrayó que, por tercera ocasión, una autoridad federal determinó que no cometió faltas administrativas ni ilícitos.
En su mensaje, señaló que los peritajes realizados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales concluyeron que los videos presentaban alteraciones, como cortes, desfases y elementos de posproducción, por lo que —afirmó— carecen de valor jurídico.
Asimismo, cuestionó el material difundido por el periodista Carlos Loret de Mola, al argumentar que no ofrecía certeza sobre su origen ni las condiciones en que fue grabado, además de que, según indicó, habría sido obtenido de forma ilícita.
El fallo, explicó, también se sustentó en información proporcionada por diversas instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República, las cuales aportaron elementos en la investigación.
En su posicionamiento, Pío López Obrador se deslindó de su parentesco con el exmandatario, al señalar que no ha ocupado cargos públicos en más de dos décadas y que dicha relación no debería ser motivo de escrutinio.
Finalmente, sostuvo que la resolución del expediente SUP-RAP-1316/2025 confirma su inocencia y calificó el caso como un “montaje mediático”, al considerar que se trató de un intento por afectar su reputación.
El tema vuelve a generar debate en la esfera pública, particularmente sobre la validez de pruebas difundidas en medios y los alcances de la libertad de expresión en asuntos de interés político.
