La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum fija un tope a pensiones de altos funcionarios y avanza en medio de protestas de extrabajadores de Pemex y CFE
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que busca limitar las llamadas pensiones doradas, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La votación registró 458 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, lo que permitió que el proyecto avanzara en el pleno, pese a los cuestionamientos de sectores de la oposición.
Nuevo límite a pensiones de altos funcionarios
La propuesta contempla modificaciones al artículo 127 de la Constitución, estableciendo que las pensiones de altos funcionarios no podrán superar el 50% del salario mensual de la Presidencia.
Con base en las percepciones actuales, el tope se ubicaría entre 66 mil y 70 mil pesos mensuales, muy por debajo de algunos casos detectados donde exfuncionarios perciben hasta un millón de pesos al mes.
El objetivo central de la iniciativa, según el gobierno federal, es reforzar criterios de austeridad y equidad en el uso de recursos públicos.
Protestas durante la discusión
La sesión legislativa se desarrolló en medio de manifestaciones de extrabajadores de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, quienes expresaron su rechazo a la reforma.
Los inconformes ingresaron al recinto de San Lázaro para exigir diálogo, al considerar que los cambios podrían afectar sus ingresos y derechos adquiridos.
Intento fallido de frenar la votación
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala presentó una moción para suspender la votación; sin embargo, esta fue rechazada por el pleno.
Aunque algunos grupos parlamentarios manifestaron desacuerdos y no respaldaron el dictamen en comisiones, la reforma logró avanzar sin obstáculos en su aprobación general.
Próximos pasos en el proceso legislativo
Tras este avance, la iniciativa pasará a su discusión en lo particular, donde los legisladores podrán presentar reservas o modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.
El tema ha generado posturas encontradas: mientras el gobierno lo defiende como una medida de justicia y control del gasto público, sectores críticos advierten posibles impactos en trabajadores del sector público.
La reforma se perfila como uno de los cambios más relevantes en materia de remuneraciones dentro del servicio público en México.
