La presidenta advierte que México actuará solo si hay evidencia sólida contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico
Una acusación lanzada desde Estados Unidos sacudió el escenario político mexicano. La Fiscalía de Nueva York señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa para el envío de droga hacia territorio estadounidense.
El señalamiento no solo encendió alertas por su gravedad, también abrió un frente de tensión diplomática entre ambos países. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura: México no actuará sin pruebas contundentes y defenderá su soberanía.
México responde: sin pruebas, no hay acción
Sheinbaum fue clara al marcar la línea del gobierno federal. La FGR será la única instancia encargada de analizar la información enviada por Estados Unidos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.
La mandataria insistió en que cualquier acción deberá apegarse a la legislación mexicana. Si no hay evidencia sólida, advirtió, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
También dejó un mensaje directo: México no permitirá injerencias extranjeras en decisiones que corresponden exclusivamente a sus instituciones.
Cómo llegó la acusación desde Estados Unidos
El caso comenzó a tomar forma el pasado 28 de abril, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes formales para la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos con fines de extradición.
Un día después, la información fue turnada a la FGR. Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación desde el Distrito Sur de Nueva York, algo que generó incomodidad en el gobierno mexicano por tratarse de procedimientos que suelen manejarse con confidencialidad.
Entre los nombres señalados también aparecen el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Investigación en curso y posibles consecuencias
La Fiscalía General de la República, a través de su área de asuntos internacionales, ya revisa la documentación. De forma paralela, inició una investigación para determinar si existen datos de prueba que justifiquen acciones legales en México.
De acuerdo con la ley, para solicitar una orden de aprehensión se requiere evidencia que permita inferir la probable comisión de un delito, un estándar que será clave en este caso.
Mientras tanto, la acusación de Estados Unidos sostiene que los funcionarios habrían facilitado el tráfico de narcóticos y participado en delitos relacionados con armas de fuego, en colaboración con el crimen organizado.
El caso apenas comienza, pero ya coloca bajo presión tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses, en un tema donde se cruzan justicia, política y relaciones internacionales.
