La esposa del influencer XuXo Domínguez acusa a José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez de acoso sexual y busca una reparación simbólica sin acuerdos económicos fuera de los juzgados.
Jessica Bustos, esposa del influencer XuXo Domínguez, interpuso una demanda en contra de los conductores del popular podcast La Cotorrisa, José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, por un presunto caso de acoso sexual ocurrido durante una grabación del programa. De acuerdo con la denuncia, los comediantes habrían realizado comentarios ofensivos y de índole sexual, lo que, según Bustos, afectó de manera grave su bienestar emocional y psicológico.
El caso ha generado una amplia controversia en redes sociales, donde seguidores y detractores de los creadores de contenido han expresado posturas encontradas sobre las acusaciones y el proceso legal en curso.
Este martes 6 de enero se llevó a cabo la audiencia de ratificación de medidas de protección a favor de Jessica Bustos. Tras la diligencia, su abogada defensora, Scarlett Martínez, aseguró que no habrá arreglos económicos ni acuerdos extrajudiciales, y que el objetivo central del proceso es obtener una reparación simbólica que siente un precedente para otras personas en situaciones similares. La defensa no detalló en qué consistiría dicha reparación en caso de que el fallo sea favorable.
Cuestionada por medios de comunicación sobre una supuesta extorsión o intentos de negociación con los conductores de La Cotorrisa, la abogada negó categóricamente dichas versiones.
“Mi representada, que es la única víctima dentro de la carpeta de investigación, no ha tenido acercamiento alguno jamás hacia ellos. No ha habido intento de negociaciones, nada, nada. Se desmiente todo eso”, declaró.
Durante el encuentro con la prensa del abogado defensor de Ricardo Pérez y Slobotzky, Said Martínez Juárez, un grupo de alrededor de cinco integrantes del Colectivo Génesis lanzó consignas en contra de los influencers, lo que incrementó la tensión alrededor del caso.
Por su parte, la defensa de los conductores señaló que un primer dictamen pericial no encontró afectación a la dignidad ni daño psicoemocional en la denunciante. Sin embargo, tras una queja presentada ante Derechos Humanos, la fiscalía ordenó un nuevo dictamen, cambiando a la perito encargada del análisis.
Los abogados de Slobotzky y Pérez denunciaron que esta modificación representa una presunta violación a derechos fundamentales y un posible “efecto corruptor” dentro del proceso, al asegurar que existieron presiones para modificar un resultado que inicialmente no favorecía a la denunciante. El caso continúa en desarrollo y bajo seguimiento público.
