Gloria Valentina Méndez acusa hostigamiento judicial, violencia institucional y vacíos legales en un proceso que mantiene a su hija en el centro de una disputa prolongada
Gloria Valentina Méndez Arámbula, psicóloga en el estado de Durango, denunció públicamente una serie de irregularidades judiciales y presuntos actos de violencia institucional tras separarse de su ex pareja, el abogado Cristian Janet Montenegro Chairez, a quien acusa de utilizar recursos legales para evadir el pago de la pensión alimentaria y mantener un hostigamiento constante en su contra desde hace más de cuatro años.
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, Montenegro llegó a manifestar ante autoridades que no quería saber nada de su hija. Sin embargo, tiempo después realizó un cambio legal de sexo, obteniendo una nueva acta de nacimiento en la que es reconocido jurídicamente como mujer. Según Méndez Arámbula, esta acción fue utilizada como estrategia para evitar sus responsabilidades paternas y modificar el tratamiento legal del caso.
El conflicto escaló durante una audiencia judicial en la que el ex abogado solicitó ser tratado con “perspectiva de género”, presentando su documentación oficial actualizada. La situación, afirma la psicóloga, dejó al juez sin una respuesta clara sobre cómo proceder, lo que derivó en una decisión controvertida: la vinculación a proceso de la madre por un presunto delito de sustracción de menores.
Mientras tanto, las denuncias de violencia familiar interpuestas por Gloria Valentina contra su ex pareja no han avanzado de manera significativa. La denunciante sostiene que el sistema judicial ha sido omiso y que las maniobras legales de Montenegro han retrasado los procesos, generando un desgaste emocional, económico y profesional.
Méndez Arámbula también señala haber sido víctima de violencia institucional, ya que perdió su empleo en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo que —según su versión— estaría relacionado con el hostigamiento legal y la presión ejercida por su ex pareja durante el litigio.
La psicóloga advierte que su caso podría sentar un precedente jurídico peligroso, al permitir que figuras legales pensadas para garantizar derechos sean utilizadas para eludir obligaciones y afectar directamente a mujeres y menores en contextos de violencia familiar.
El caso pone bajo la lupa posibles vacíos legales, tráfico de influencias y fallas en la protección efectiva a víctimas, mientras la menor permanece en medio de una disputa judicial marcada por denuncias cruzadas, retrasos procesales y decisiones polémicas dentro del sistema de justicia de Durango.
