El G9 respalda que los aumentos anuales no superen la inflación, pero pide que el precio inicial pueda pactarse libremente cuando termina un contrato y llega un nuevo arrendatario.
El Grupo Empresarial de Cámaras y Asociaciones de la Ciudad de México (G9) planteó modificaciones a la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al advertir que algunas de sus disposiciones podrían afectar la inversión, el mantenimiento y la oferta de viviendas en alquiler.
La principal propuesta del sector empresarial consiste en permitir que los propietarios y los nuevos inquilinos negocien libremente el precio inicial de la renta cuando concluya un contrato y se establezca una nueva relación de arrendamiento.
Con este ajuste, el límite a los incrementos no se mantendría de manera indefinida entre distintos arrendatarios, sino que se aplicaría durante la vigencia de cada contrato. Así, cuando una persona desocupe una vivienda, el dueño podría acordar con el siguiente inquilino un nuevo monto de renta.
No obstante, el G9 manifestó su respaldo a uno de los puntos centrales de la iniciativa del Gobierno capitalino: que los aumentos anuales no superen la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esto significa que, una vez establecido el precio inicial del arrendamiento, los incrementos posteriores estarían sujetos al límite inflacionario durante la vigencia del contrato, con el objetivo de evitar aumentos excesivos.
Empresarios advierten riesgos para la oferta de vivienda
El G9 argumentó que mantener un precio máximo de renta de forma permanente, incluso cuando cambia el inquilino, podría reducir los incentivos de los propietarios para invertir en el mantenimiento, la remodelación y la mejora de sus inmuebles.
También advirtió que esta medida podría desincentivar la incorporación de nuevas propiedades al mercado de alquiler, lo que eventualmente reduciría la oferta de vivienda disponible en la capital.
Además de la negociación del precio inicial, el grupo empresarial adelantó que presentará observaciones sobre otros aspectos de la iniciativa, entre ellos el Registro Digital de contratos de arrendamiento, las garantías que pueden solicitar los propietarios y el funcionamiento de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias.
¿Qué propone la Ley de Rentas de Clara Brugada?
La iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México busca establecer reglas para las relaciones entre propietarios e inquilinos, así como evitar incrementos excesivos en los precios de los alquileres.
Entre sus principales planteamientos se encuentra limitar los aumentos anuales al porcentaje de inflación, además de incorporar mecanismos de registro y atención para proteger los derechos de las partes involucradas en los contratos de arrendamiento.
Las modificaciones propuestas por el G9 ponen sobre la mesa el debate entre garantizar rentas asequibles para los inquilinos y mantener condiciones que incentiven la inversión y la disponibilidad de inmuebles en alquiler.
Por ahora, los planteamientos empresariales constituyen observaciones al proyecto legislativo y deberán analizarse durante el proceso de discusión de la iniciativa.
