La activista y periodista indígena Marcela de Jesús Natalia presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la violencia, desplazamientos forzados y ataques armados atribuidos a “Los Ardillos” en la región de Chilapa, Guerrero.
La activista y periodista indígena Marcela de Jesús Natalia presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional(CPI), con sede en La Haya, en la que señala a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así como a ocho alcaldes de la entidad, por presunta complicidad con el grupo criminal conocido como Los Ardillos.
La denuncia fue interpuesta en medio de la creciente ola de violencia que afecta a comunidades de Chilapa y municipios de la región Montaña Baja, donde cientos de familias han denunciado ataques armados, amenazas y desplazamientos forzados.
De acuerdo con el documento presentado ante el organismo internacional, las agresiones habrían provocado el desplazamiento de más de 2 mil personas, principalmente integrantes de comunidades indígenas, quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares ante el clima de inseguridad.
Entre los alcaldes señalados en la denuncia se encuentran Mercedes Carballo Chino, de Chilapa; Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Alberto Michi Campos, de Tixtla; David Astudillo Morales, de Quechultenango; Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Gerardo Mosso López, de Mochitlán; Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan; y Guillermo Matías Barrón, de Atlixtac.
La activista sostiene que la organización criminal habría operado bajo una red de presuntas complicidades, tolerancia u omisión por parte de autoridades locales, permitiendo la continuidad de ataques contra diversas comunidades de la región.
El expediente entregado a la CPI documenta una serie de hechos que incluyen asesinatos, desapariciones, amenazas colectivas, desplazamientos forzados y ataques coordinados. Además, se menciona el uso de armamento de alto poder y drones explosivos durante las agresiones reportadas en la zona.
Según la denuncia, durante los primeros días de mayo se registró una intensificación de los ataques armados, situación que agravó la crisis humanitaria que enfrentan diversas localidades de la región.
Marcela de Jesús Natalia afirmó que la violencia ha generado profundas afectaciones en las comunidades, incluyendo la ruptura del tejido social, la suspensión de actividades agrícolas y escolares, así como daños físicos y psicológicos a las víctimas.
Con la presentación formal del caso ante la Corte Penal Internacional, la activista busca que los hechos sean analizados por instancias internacionales bajo la posible clasificación de crímenes de lesa humanidad, mientras las autoridades señaladas no han emitido una postura pública conjunta respecto a las acusaciones contenidas en el expediente.
