Claudia Sheinbaum informó que el gravamen fue descartado al considerarse inviable distinguir qué videojuegos contienen violencia, y anunció que se priorizarán campañas preventivas dirigidas a jóvenes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno decidió eliminar el impuesto a los videojuegos que estaba previsto para entrar en vigor en 2026, al considerar que su aplicación resulta altamente complejadesde el punto de vista técnico y operativo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el gravamen quedó incluido en la Ley de Ingresos, pese a que desde un inicio había solicitado que se retirara. No obstante, tras una revisión más profunda, el gobierno federal concluyó que no existen criterios claros ni objetivos para determinar qué videojuegos pueden considerarse violentos y cuáles no.
“Ya no se va a cobrar ese impuesto. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”, señaló la presidenta, al justificar la decisión de cancelar el cobro.
Sheinbaum subrayó que la falta de parámetros claros abriría la puerta a interpretaciones subjetivas, posibles conflictos legales y una aplicación desigual del impuesto, lo que terminaría generando más problemas que beneficios para la política fiscal.
En lugar de recurrir a una carga impositiva, el gobierno federal optará por fortalecer estrategias preventivas enfocadas en jóvenes y adolescentes, particularmente en relación con el uso excesivo de videojuegos, sobre todo aquellos en línea que pueden propiciar adicción o conductas de riesgo.
“Decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña por la paz y contra las adicciones”, explicó la mandataria.
Estas campañas, adelantó, buscarán concientizar sobre el uso responsable de plataformas digitales, fomentar hábitos saludables y promover valores relacionados con la convivencia social, sin recurrir a medidas fiscales que resulten difíciles de implementar.
Con esta decisión, el gobierno federal descarta definitivamente uno de los gravámenes más debatidos dentro del paquete económico proyectado para 2026, y reorienta su estrategia hacia un enfoque educativo y preventivo, alineado con su política de bienestar social y atención a las juventudes.
