La mujer de más de 70 años, acusada de quitar la vida a dos presuntos invasores, busca continuar su proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud.
Carlota “N”, conocida popularmente como la “abuelita justiciera”, podría recuperar su libertad después de pasar siete meses en prisión. La mujer fue detenida por haber quitado la vida a dos hombres que presuntamente intentaron invadir su propiedad en el Estado de México.
Actualmente, Doña Carlota se encuentra recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco (Edomex). Sin embargo, su defensa legal busca que continúe el proceso en prisión domiciliaria, debido a su delicado estado de salud y su edad avanzada.
En entrevista con el periodista Leonardo Lugo, Arturo Santana Alfaro, exdiputado del PRD e hijo de Doña Carlota, explicó que su madre padece diabetes, pero su salud se ha deteriorado gravemente durante su estancia en prisión.
“Requiere el doble de insulina que antes, lo cual ha sido confirmado por médicos y peritos”, señaló Santana.
El exlegislador agregó que solicitarán formalmente el cambio de medida cautelar:
“Vamos a pedir ya la audiencia para el cambio de medida cautelar… la ley permite que personas mayores de 70 años o con enfermedades graves puedan continuar su proceso en su domicilio”, precisó.
La audiencia, originalmente programada para el 5 de noviembre, fue recalendarizada para este jueves 6, cuando un juez determinará si Doña Carlota permanecerá en prisión o podrá seguir su proceso en libertad.
El caso ha generado gran expectación en el Estado de México y en todo el país, debido a la atención mediática y social que ha despertado desde su detención. En redes sociales, miles de usuarios han mostrado su solidaridad con Doña Carlota, considerándola una víctima de las circunstancias y símbolo de legítima defensa.
Para una gran parte de la opinión pública, su actuar fue un intento de defender su propiedad privada, mientras que las autoridades insisten en que el proceso debe seguir conforme a derecho y bajo el debido proceso judicial.
La resolución del juez este jueves será determinante para el futuro de Doña Carlota y podría sentar un precedente importante en materia de legítima defensa y justicia social en México.
