Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, declaró que no renunciará a su cargo ni entregará información financiera a la Auditoría Superior del Estado (ASE), pese a la denuncia penal interpuesta por la presunta falta de comprobación de 898 millones de pesos de un fondo federal.
Durante un encuentro con medios, López Rodríguez calificó las acusaciones como parte del «Guerrero negro» y afirmó: «No puede haber dos auditorías. A mí me audita la Federación, no el Estado», a pesar de existir un convenio que autoriza la revisión estatal. La funcionaria admitió haber promovido un amparo para evitar la entrega de documentos, argumentando que «en Guerrero todo se puede».
La ASE denunció ante la Fiscalía General de Guerrero irregularidades en el manejo de recursos destinados a la reconstrucción tras el huracán Otis. Sin embargo, López Rodríguez asegura no haber recibido notificación oficial y tilda el proceso de persecución política.
Esta controversia se suma a la crisis de credibilidad que enfrenta el gobierno municipal, mientras organizaciones civiles exigen transparencia en el uso de los fondos para atender la emergencia en el puerto. Expertos en derecho fiscal advierten que el convenio de coordinación entre federación y estado sí faculta a la ASE para auditar estos recursos.
El caso podría escalar a nivel federal, mientras la alcaldesa mantiene su postura de no colaborar con la auditoría estatal ni apartarse de la administración, pese a las presiones políticas y jurídicas que enfrenta.
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