Una iniciativa busca crear un protocolo para rescatar y atender a animales lesionados en hechos de tránsito, además de establecer un deber de auxilio para los conductores.
¿Qué plantea la propuesta para los animales atropellados?
La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear un Protocolo de Atención a Seres Sintientes Lesionados en Hechos de Tránsito en la Ciudad de México.
El proyecto plantea incorporar este mecanismo a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer una ruta clara para actuar cuando un perro, gato u otro animal resulte lesionado en una vialidad.
La propuesta contempla que el procedimiento vaya desde la recepción y canalización del reporte hasta el rescate, traslado, atención inicial y seguimiento del animal.
También busca que la ciudadanía tenga mecanismos accesibles para saber dónde reportar un caso y qué información proporcionar, mientras que las autoridades tendrían que coordinarse para determinar quién debe intervenir.
Conductores tendrían un deber de auxilio
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer un deber de auxilio para las personas conductoras que intervengan en un hecho de tránsito en el que resulte lesionado un animal.
Sin embargo, el proyecto no plantea sancionar automáticamente a quien atropelle a un animal ni obligarlo a ponerse en peligro.
La propuesta establece que, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, el conductor deberá detenerse y activar los mecanismos de atención. Si detenerse, acercarse o manipular al animal representa un riesgo para la persona, terceros o el propio animal, el deber podría cumplirse mediante un aviso a las autoridades tan pronto como sea posible.
Además, solicitar ayuda no implicaría reconocer automáticamente responsabilidad por el accidente. La determinación de las circunstancias del hecho correspondería a la autoridad competente.
¿Cuándo podrían sancionar al conductor?
La iniciativa plantea sancionar la omisión intencional del deber de auxilio, pero establece condiciones que tendrían que acreditarse antes de imponer una sanción.
La autoridad tendría que demostrar que la persona:
- Sabía que el animal había resultado lesionado.
- Tenía una posibilidad material de solicitar ayuda.
- Podía hacerlo sin ponerse en riesgo.
- Aun así, decidió deliberadamente retirarse sin activar ningún mecanismo de auxilio.
El proyecto también establece que la persona juzgadora tendría que justificar expresamente estos elementos en su resolución.
Animales sin dueño también recibirían atención
Otro de los puntos relevantes es que la atención inicial no dependería de identificar previamente a un propietario o tutor.
Esto permitiría que el protocolo se active también en casos de animales comunitarios, perdidos o abandonados que resulten lesionados en un hecho de tránsito.
La propuesta contempla además procedimientos diferenciados para fauna silvestre y para especies que, por su tamaño, comportamiento, condición o características particulares, requieran un manejo especializado.
Varias autoridades tendrían que coordinarse
El proyecto no plantea crear una nueva institución, sino conectar las capacidades de autoridades que ya existen en la capital.
Entre ellas se encuentran la Agencia de Atención Animal, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente; la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las alcaldías.
La Agencia de Atención Animal sería la encargada de coordinar la elaboración, implementación, evaluación y actualización del protocolo junto con las demás autoridades involucradas.
La intención es que una persona que encuentre un animal atropellado no tenga que conocer toda la estructura del gobierno para saber a quién acudir: bastaría con realizar el reporte para que las instituciones determinen cómo atender el caso.
La iniciativa fue presentada el 1 de octubre de 2026 ante el Congreso de la Ciudad de México y, por ahora, se trata de una propuesta que tendría que seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una obligación vigente.
