La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, generó debate al señalar que México es un referente de la situación de seguridad a la que su país no quiere llegar, al presentar su estrategia de mano dura contra el narcotráfico.
Las recientes declaraciones de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, provocaron debate luego de que señalara a México como un ejemplo de la situación de seguridad a la que su país busca evitar llegar.
Durante una entrevista concedida a Milenio Televisión, la futura mandataria —quien ganó las elecciones en febrero de 2026 y asumirá el cargo en mayo— explicó que su gobierno planea aplicar estrategias firmes contra el narcotráfico y la violencia.
En ese contexto, Fernández afirmó que observa con preocupación la situación de seguridad en algunas ciudades mexicanas, y señaló que Costa Rica debe actuar para impedir escenarios similares.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar, a ser como lo que pasa en algunas ciudades de su país”, expresó durante la entrevista.
La presidenta electa también adelantó que su administración buscará reforzar la colaboración internacional, particularmente con Estados Unidos, para enfrentar a las redes criminales vinculadas con el tráfico de drogas.
Según explicó, una de las principales prioridades de su gobierno será impedir que Costa Rica se convierta en un punto de almacenamiento o tránsito de sustancias ilegales, especialmente de opioides sintéticos.
“No quiero que Costa Rica se convierta nunca en una bodega de fentanilo ni de precursores”, afirmó.
Las declaraciones forman parte de una estrategia de seguridad que la futura mandataria ha descrito como de “mano dura” contra las organizaciones criminales.
Fernández pertenece al partido Pueblo Soberano y ha sido identificada como cercana a la línea política del actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles.
Entre sus propuestas también se encuentran reformas al sistema judicial y el fortalecimiento de operativos coordinados con agencias internacionales, con el objetivo de enfrentar el crecimiento del crimen organizado en la región.
Además, mencionó la posibilidad de suspender ciertas garantías constitucionales en zonas donde operen grupos criminales, una medida que, según explicó, permitiría facilitar operativos de seguridad en áreas consideradas de alto riesgo.
Las declaraciones de la presidenta electa generaron diversas reacciones tanto en redes sociales como en el ámbito político, al comparar la situación de seguridad en México con los desafíos que enfrenta Costa Rica.
Analistas consideran que la discusión refleja la creciente preocupación regional por la expansión del narcotráfico y la violencia asociada a estas redes, en un momento en que varios países de América Latina buscan nuevas estrategias de seguridad y mayor cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado.
