Colectivos ciudadanos buscan que el Congreso estatal retome una iniciativa que plantea modificar los requisitos para ser diputado local y exigir licenciatura, título y cédula profesional en Derecho.
Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Congreso de Puebla retomar el análisis de una iniciativa conocida como “Ley Salvatori”, con la que buscan establecer nuevos requisitos académicos para las personas que aspiren a ocupar una diputación local.
La propuesta pretende que quienes busquen una curul en el Poder Legislativo estatal cuenten con estudios universitarios en Derecho, además de acreditar su preparación mediante título y cédula profesional.
La petición volvió a cobrar relevancia después de la polémica protagonizada por la diputada Nayeli Salvatori, quien recibió críticas en redes sociales por comentarios realizados durante su participación en un podcast.
¿Qué propone la llamada “Ley Salvatori”?
La iniciativa plantea modificar el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, donde actualmente se establecen los requisitos para poder ser diputado local.
Entre las condiciones vigentes se encuentran:
- Ser ciudadano del estado y estar en ejercicio de sus derechos.
- Saber leer y escribir.
- Tener al menos 18 años cumplidos el día de la elección.
La propuesta busca agregar una nueva fracción IV para establecer que los aspirantes deberán contar con cédula profesional de Licenciatura en Derecho.
Los impulsores sostienen que el objetivo es elevar el nivel de preparación de quienes llegan al Congreso y garantizar que tengan conocimientos relacionados con las funciones legislativas, el análisis de leyes y el marco jurídico.
¿Por qué quieren que el Congreso de Puebla retome la iniciativa?
De acuerdo con las organizaciones que respaldan la propuesta, la iniciativa fue presentada ante el Congreso poblano el 23 de junio de 2026.
Ahora buscan que el documento sea retomado por los legisladores para iniciar su análisis y determinar si existen condiciones para discutir una posible modificación constitucional.
Los colectivos argumentan que contar con representantes con una mayor preparación académica contribuiría al derecho a un buen gobierno y al principio de buena administración pública.
También sostienen que estos principios cuentan con respaldo en criterios emitidos por tribunales administrativos federales.
La polémica de Nayeli Salvatori volvió a poner el tema sobre la mesa
La propuesta fue vinculada públicamente con Nayeli Salvatori debido a las controversias que ha protagonizado la legisladora.
Los colectivos que promueven la iniciativa hicieron referencia a los comentarios que recientemente generaron críticas contra la diputada durante su participación en un podcast.
Además, recordaron una queja presentada ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por un episodio ocurrido durante la etapa de Salvatori como conductora de radio, relacionado con una mujer que habría sido víctima de violencia familiar.
No obstante, la denominación de “Ley Salvatori” corresponde al nombre con el que la propuesta ha sido identificada públicamente y no significa que se trate de una legislación impulsada por la propia diputada.
¿Todos los diputados tendrían que ser abogados?
De aprobarse en los términos planteados por los promotores, las personas que aspiren a una diputación local en Puebla tendrían que acreditar estudios profesionales en Derecho y contar con la correspondiente cédula profesional.
El planteamiento abre un debate sobre los requisitos que deben cumplir quienes buscan representar a la ciudadanía, pues actualmente la legislación estatal no exige una carrera universitaria específica para acceder a una diputación.
Mientras las organizaciones consideran que la preparación jurídica contribuiría a profesionalizar el Poder Legislativo, la propuesta también plantea una discusión más amplia sobre si una formación profesional determinada debería convertirse en un requisito para ocupar un cargo de elección popular.
Por ahora, la iniciativa permanece a la espera de que el Congreso de Puebla determine si la retoma para su análisis y eventual discusión.
