VIDEO: Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte revela que las camionetas Jeep costaron 2.4 millones de pesos cada una

El ministro presidente de la Suprema Corte afirmó que la adquisición respondió a razones de seguridad y fallas mecánicas del parque vehicular anterior, aunque se mantuvo la decisión de prescindir de las unidades tras la polémica pública.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió la adquisición de camionetas blindadas destinadas a los ministros, al asegurar que la compra estuvo motivada por razones de seguridad, derivadas de fallas mecánicas e incidentes viales registrados en el parque vehicular anterior. No obstante, confirmó que la decisión de no utilizarlas se mantiene.

Durante su primera conferencia de prensa al frente del Máximo Tribunal, Aguilar Ortiz reconoció que fueron los propios ministros quienes solicitaron la compra de las unidades, cuyo costo aproximado fue de 2.4 millones de pesos por vehículo. Sin embargo, explicó que, ante las críticas públicas por una posible contradicción con la política de austeridad, se acordó poner las camionetas a disposición del Órgano de Administración Judicial para que sean vendidas o reasignadas a juzgadores que sí requieran esquemas especiales de protección.

“El principio de austeridad no es un acto simbólico, sino una política de administración responsable, que debe ejercerse con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional ni el cumplimiento de las funciones constitucionales”, señaló el ministro presidente.

Aguilar Ortiz recordó que desde agosto de 2010 la Suprema Corte determinó que los integrantes del Pleno contaran con medidas de seguridad acordes a la responsabilidad de Estado que desempeñan, lo que incluyó el uso de vehículos blindados. Para agosto de 2025, la Corte contaba con 43 unidades, aunque la nueva integración solo recibió 39, debido a que cuatro camionetas fueron adquiridas por ministros salientes conforme a los reglamentos internos vigentes.

Detalló que el parque vehicular heredado estaba conformado por 30 camionetas Suburban y nueve Jeep, modelos 2019, 2020 y 2021. Al inicio de la actual administración, los ministros optaron por no utilizar las Suburban, al considerarlas ostentosas, y priorizaron el uso de las Jeep. Sin embargo, la salida de las unidades más recientes redujo la capacidad operativa, ya que los vehículos restantes presentaban desgaste severo provocado por el peso del blindaje, así como fallas en sistemas de tracción y motor.

El ministro presidente informó que desde septiembre de 2025 comenzaron a registrarse incidentes mecánicos, como unidades que no encendían o quedaban varadas. Tras una evaluación físico-mecánica, se concluyó que varios vehículos se encontraban en mal estado y que el blindaje había perdido vigencia, por lo que se determinó renovar parte del parque vehicular y vender 21 unidades.

Aguilar Ortiz insistió en que la decisión estuvo plenamente justificada y no fue arbitraria. Aseguró que, pese a no utilizar las camionetas recientemente adquiridas, la Suprema Corte no enfrentará problemas operativos y continuará desempeñando sus funciones con normalidad. Incluso afirmó que, a título personal, no tendría inconveniente en usar transporte público.

Por su parte, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, fue cuestionado sobre los contratos de compraventa tanto de las camionetas asignadas a los ministros como de más de 500 unidades destinadas al resto del Poder Judicial de la Federación. No obstante, señaló no contar con información detallada sobre las razones específicas de dichos contratos ni sobre el proveedor.

Durante la misma conferencia surgió una polémica adicional, luego de que el ministro Arístides Guerrero García afirmara que integrantes de la integración anterior se habían llevado cuatro camionetas y diversas obras de arte de sus ponencias. Estas declaraciones fueron aclaradas por Aguilar Ortiz, quien negó la existencia de irregularidades.

El ministro presidente explicó que las cuatro camionetas fueron adquiridas legalmente por los ministros salientes como parte de su haber de retiro, conforme a la normatividad interna, por lo que descartó cualquier delito o motivo para presentar denuncias. Con ello, buscó cerrar la controversia y reiteró que la actual administración de la SCJN actúa con apego a la legalidad, responsabilidad financiera y cuidado en el manejo de los recursos públicos.