Con 438 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló reformas para que proveedores de plataformas digitales informen con claridad sobre cobros automáticos y permitan cancelaciones rápidas y sin cargos adicionales.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —con 438 votos a favor— una iniciativa que regula los servicios ofrecidos por plataformas digitales mediante suscripciones y que permite a los usuarios cancelar de manera inmediata sin recibir penalizaciones.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, presentó la propuesta que modifica el artículo 76 de la Ley Federal del Consumidor para obligar a los proveedores a implementar mecanismos ágiles de cancelación de servicios contratados.
Las reformas también establecen que los proveedores deberán informar de forma clara y accesible si el servicio implica pagos automáticos o recurrentes, detallando su periodicidad, monto y fecha de cobro.
«Cualquier cobro recurrente requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor. Se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, permitiendo su cancelación sin penalización», indica la iniciativa.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 438 votos, la iniciativa que presenté para reformar la Ley…
Publicado por Ricardo Monreal A. en Miércoles, 17 de septiembre de 2025
El documento plantea que el proveedor deberá implementar un mecanismo que, sin contravenir las disposiciones contractuales, permita al consumidor cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata.
Monreal explicó que la medida busca evitar prácticas abusivas, como ocurre en otros países, donde las plataformas imponen cláusulas que obstaculizan la cancelación de las suscripciones contratadas.
«La propuesta responde a la necesidad urgente de actualizar el marco legal vigente, garantizando que las personas consumidoras cuenten con herramientas claras para exigir sus derechos», señaló el legislador.
Con esta reforma, se establecen obligaciones específicas para los proveedores de servicios digitales, asegurando prácticas justas, información veraz y comprensible, y mecanismos eficaces para la cancelación, reafirmando así el compromiso del Estado mexicano con la defensa de los derechos fundamentales.
