Con la presencia de Claudia Sheinbaum, Octavio Romero Oropeza anunció que las viviendas de interés social tendrán un costo accesible para los trabajadores y solo requieren tres requisitos para ser adquiridas.
Este jueves 2 de octubre, el Gobierno de México dio un paso importante en su política social de vivienda con la entrega de las primeras 80 casas del programa Vivienda para el Bienestar. El evento se realizó en Tabasco mediante un enlace encabezado por el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Romero Oropeza destacó que estas viviendas se entregan en el primer año de gobierno de la mandataria federal, subrayando que el programa busca garantizar que más trabajadores tengan acceso a un patrimonio digno. “En solo tres días se vendió el 67% de las casas disponibles, lo que refleja el interés de los derechohabientes”, señaló.
Las casas entregadas cuentan con 60 metros cuadrados de construcción, dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio y todos los servicios básicos. El funcionario puntualizó que el valor comercial de estas viviendas supera el millón de pesos, pero gracias al subsidio del programa el precio promedio es de 600 mil pesos.
El proyecto Vivienda para el Bienestar continuará desarrollándose durante el sexenio de Sheinbaum Pardo, con el objetivo de beneficiar a miles de familias trabajadoras que antes no podían acceder a un crédito hipotecario.
De acuerdo con el director del Infonavit, actualmente los únicos tres requisitos para solicitar una vivienda dentro de este esquema son:
- Tener un empleo vigente.
- Percibir entre 1 y 2 salarios mínimos.
- No contar con una vivienda propia.
Romero Oropeza resaltó que este ajuste permitirá, por primera vez, que jóvenes trabajadores y sectores de bajos ingresos puedan obtener un crédito para adquirir su casa.
Con esta primera entrega, el Gobierno federal busca consolidar el programa como una de las principales estrategias sociales de la administración, priorizando el acceso a la vivienda como un derecho y no como un privilegio.
