La modificación a la Ley Federal del Derecho de Autor fue avalada con 70 votos a favor y 37 en contra. La reforma contempla políticas para suspender el servicio a usuarios reincidentes en infracciones y abre un debate sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.
El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet ante las infracciones cometidas por sus usuarios.
La iniciativa obtuvo 70 votos a favor, de Morena y sus aliados, y 37 en contra de legisladores de oposición, quienes advirtieron que las modificaciones podrían representar un riesgo para la libertad de expresión y abrir la puerta a posibles restricciones contra medios de comunicación, creadores de contenido y usuarios de redes sociales.
Durante la discusión, el senador priista Gabriel Elizondo Pérez cuestionó el alcance del artículo 114 Nonies, al considerar que podría generar consecuencias para los proveedores de internet por actividades realizadas por sus clientes.
El legislador sostuvo que las nuevas disposiciones podrían afectar el acceso a internet y los derechos de millones de mexicanos.
Por su parte, la senadora Carolina Viggiano Austria advirtió que la reforma podría tener implicaciones para la publicación de memes, parodias y sátiras, debido a que sus alcances podrían limitar distintas formas de expresión y creación de contenidos.
La legisladora también señaló que las empresas proveedoras de internet podrían verse presionadas para restringir el servicio a usuarios que publiquen contenidos críticos contra el gobierno.
¿Qué establece la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor?
Entre los principales cambios aprobados se encuentra la obligación de los proveedores de servicios de internet de contar con una política pública que contemple la terminación del servicio para usuarios reincidentes en infracciones relacionadas con los derechos de autor.
De acuerdo con la modificación, dicha política deberá permanecer disponible en los sitios de internet de las empresas, con el propósito de que sus clientes conozcan las condiciones bajo las cuales podría suspenderse la prestación del servicio.
La reforma también contempla que los proveedores puedan ser considerados responsables por infracciones cometidas por sus usuarios cuando incumplan las obligaciones previstas en la legislación y se ocasionen daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor, derechos conexos o propiedad intelectual.
Las sanciones y multas relacionadas con el incumplimiento de estas disposiciones corresponderán al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
No obstante, el alcance de estas obligaciones y las circunstancias en las que podría atribuirse responsabilidad a los intermediarios tecnológicos forman parte del debate generado por la reforma.
Morena defiende la iniciativa y asegura que mantiene el mecanismo de puerto seguro
En defensa de los cambios, el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón explicó que el objetivo es precisar las circunstancias en las que los proveedores de internet pueden asumir una responsabilidad secundaria por las infracciones cometidas por sus usuarios.
El legislador sostuvo que la propuesta conserva el mecanismo conocido como puerto seguro, incorporado desde 2020, que establece condiciones para limitar la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos cuando cumplen con las obligaciones previstas en la ley.
La discusión legislativa se centró en la necesidad de proteger los derechos de autor en el entorno digital y, al mismo tiempo, determinar hasta dónde deben llegar las responsabilidades de las empresas que proporcionan acceso a internet.
Mientras Morena defendió la reforma como una medida para precisar las reglas aplicables a los intermediarios tecnológicos, la oposición alertó sobre sus posibles consecuencias para la circulación de contenidos y la libertad de expresión.
Finalmente, los artículos transitorios establecen que el decreto entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma abre así un nuevo debate sobre la protección de la propiedad intelectual en internet y las obligaciones que deberán cumplir los proveedores de conexión frente a las infracciones cometidas por sus usuarios.
