Más de un año después del conflicto ocurrido en Chalco, un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco resolvió que la vivienda pertenece legalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota “N”; el inmueble ya fue restituido a la familia.
Más de un año después de los hechos que hicieron conocido el caso de Doña Carlota, un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco emitió una resolución favorable para su familia respecto a la vivienda ubicada en Chalco, Estado de México.
De acuerdo con la resolución, la propiedad situada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de Candelaria Tlapala, pertenece legalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota “N”.
Como consecuencia del fallo, el inmueble fue restituido a la familia, después de que durante el procedimiento judicial se acreditara la propiedad de la vivienda y que esta había sido ocupada ilegalmente.
¿Dónde está la casa de Doña Carlota?
La vivienda se encuentra en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, municipio de Chalco, Estado de México.
El inmueble permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras avanzaban los distintos procedimientos relacionados con el conflicto.
Con la resolución emitida por el juez, la posesión legal de la propiedad quedó nuevamente en manos de Mariana Santana Alfaro.
¿Qué ocurrió con la vivienda?
El conflicto comenzó en abril de 2025, cuando integrantes de la familia de Carlota acudieron al inmueble después de enterarse de que otras personas se encontraban ocupándolo.
La situación terminó en una confrontación en la que murieron Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin Márquez, de 19 años. Además, un menor de edad resultó lesionado.
Por estos hechos, Doña Carlota enfrenta un proceso penal junto con sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”. La defensa de la familia ha sostenido que actuaron para defender su patrimonio y ha planteado la legítima defensa como parte de su postura jurídica.
También existe un proceso por el despojo de la casa
De manera paralela al procedimiento relacionado con las muertes, las autoridades investigaron la ocupación de la propiedad.
De acuerdo con los reportes sobre el caso, Víctor Eladio Torres fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de despojo.
Mientras tanto, Lourdes Yhoana “N” y Héctor Esaith “N”, madre e hijo, enfrentan un proceso penal relacionado con los delitos de despojo y robo a casa habitación.
La restitución del inmueble representa un nuevo capítulo para la familia, pero no significa que haya concluido el proceso penal derivado de los hechos de abril de 2025.
Doña Carlota, de 74 años, continúa enfrentando dicho procedimiento bajo la medida de prisión domiciliaria, mientras sus hijos también permanecen sujetos a procedimientos judiciales.
Así, la resolución sobre la propiedad y el proceso penal corresponden a procedimientos distintos: mientras el primero determinó la situación legal de la vivienda, el segundo continúa para establecer las responsabilidades que correspondan por los hechos ocurridos durante el conflicto.
