El mandatario anunció su dimisión ante la amenaza de un juicio político y el colapso de la entidad financiera Ueno, que administraba depósitos públicos y dejó a clientes sin acceso a sus recursos. El vicepresidente Pedro Alliana asumiría el cargo.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de una crisis política y financiera que habría debilitado su gobierno y provocado presiones para iniciar un juicio político en el Congreso.
En un mensaje grabado y difundido en la red social X, el mandatario afirmó que tomó la decisión para preservar la estabilidad del país y evitar que la situación afectara aún más a las instituciones democráticas.
“La historia se encargará de poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, expresó.
Peña argumentó que su prioridad era mantener la paz social y proteger a los ciudadanos que confiaron sus ahorros al sistema financiero paraguayo. También ofreció disculpas a la población si durante su gestión llegó a fallarles.
“Estoy convencido que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, señaló en su mensaje.
La dimisión se produjo en un contexto de creciente presión legislativa y de cuestionamientos por la crisis de Ueno, una entidad financiera digital que quedó bajo intervención de las autoridades.
El caso Ueno, detonante de la crisis financiera
La crisis se agravó después de que el Banco Central de Paraguay iniciara un proceso de resolución sobre Ueno, tras detectar problemas en sus indicadores de solvencia relacionados con créditos otorgados a empresas vinculadas.
La entidad, propiedad del Grupo Vázquez, administraba alrededor de 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social, además de los ahorros de sus clientes.
El cierre de sus operaciones dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus fondos y provocó preocupación sobre la seguridad de los depósitos y el manejo de los recursos públicos.
La situación también puso bajo escrutinio los vínculos que Peña mantuvo con el grupo propietario de la entidad financiera. El mandatario, economista de orientación conservadora que asumió el poder en 2023, había sido accionista del grupo hasta marzo de 2025, según la información difundida.
A la crisis financiera se sumó la presión política en el Congreso, donde comenzaba a tomar fuerza la posibilidad de un juicio político contra el presidente. La pérdida de respaldo dentro de su propio partido habría reducido sus posibilidades de mantenerse en el cargo.
Peña pide garantizar la devolución de los ahorros
En su mensaje de renuncia, el ahora exmandatario insistió en la necesidad de proteger los recursos de los ciudadanos y de garantizar que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con su función.
“Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos”, afirmó.
También pidió que se resguarden los fondos públicos comprometidos en la crisis financiera y los recursos pertenecientes a los paraguayos que confiaron sus ahorros en el sistema.
La incertidumbre sobre la recuperación de los depósitos y la estabilidad del sector financiero se convirtió en uno de los principales desafíos para las autoridades, en medio de la preocupación de los clientes afectados.
¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay?
Tras la renuncia de Santiago Peña, el orden constitucional paraguayo establece que el vicepresidente Pedro Allianaasumiría la Presidencia de la República.
Alliana tendría la responsabilidad de completar el periodo de gobierno hasta 2028, además de enfrentar las consecuencias políticas y económicas de la crisis.
Entre sus principales desafíos estarían recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero, esclarecer las circunstancias que llevaron a la intervención de Ueno y garantizar la protección de los recursos públicos y privados.
La salida de Peña marcaría un nuevo episodio de inestabilidad política en Paraguay, en un momento en que la atención del gobierno y del Congreso se concentra en las consecuencias del colapso financiero y en la búsqueda de soluciones para los depositantes.
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