La iniciativa, impulsada por organizaciones civiles y docentes, plantea revisar los protocolos aplicados en denuncias contra maestros para fortalecer el debido proceso y la presunción de inocencia, sin dejar de proteger a las presuntas víctimas.
La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien trabajó durante 25 años en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, dio origen a un movimiento ciudadano que impulsa la denominada Ley Alberto, una propuesta que busca revisar la manera en que las instituciones atienden las denuncias contra docentes y otros servidores públicos.
Bajo el lema «Por la verdad. Por la justicia. Por la vida», la iniciativa pretende abrir el debate sobre los protocolos administrativos y legales que se activan cuando una persona enfrenta una acusación, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
¿Qué propone la Ley Alberto?
La propuesta es promovida por la organización Equidad y Justicia, junto con docentes, colectivos y ciudadanos que consideran necesario fortalecer la presunción de inocencia durante las investigaciones.
Entre sus principales planteamientos se encuentra revisar los protocolos internos del IEMS y de otras instituciones educativas para evitar que medidas preventivas, como la separación temporal de funciones, se conviertan en una forma de anticipar la culpabilidad de una persona antes de que concluyan las investigaciones.
Los impulsores también sostienen que cualquier modificación debe mantener mecanismos eficaces para proteger a quienes presentan denuncias legítimas y garantizar que las investigaciones continúen conforme a la ley.
También plantea sanciones por denuncias falsas
Otro de los ejes de la propuesta contempla establecer consecuencias para quienes presenten denuncias deliberadamente falsas que provoquen daños profesionales, familiares o personales.
No obstante, hasta ahora los promotores no han detallado cómo se aplicarían dichas sanciones ni qué autoridad sería la encargada de investigarlas. Tampoco se ha explicado el mecanismo para diferenciar una denuncia presentada de mala fe de un caso que no pudo acreditarse por falta de pruebas.
Por ello, la Ley Alberto permanece como una propuesta impulsada desde la sociedad civil y no como una iniciativa formal presentada ante el Congreso.
Acompañamiento para denunciantes y personas acusadas
La propuesta también plantea que tanto la persona denunciante como la persona acusada reciban acompañamiento psicológico y asesoría jurídica durante el desarrollo de las investigaciones.
De acuerdo con sus impulsores, el objetivo es brindar atención integral a ambas partes sin emitir conclusiones anticipadas sobre la responsabilidad de alguna de ellas, respetando el desarrollo de los procesos legales.
¿Qué es la presunción de inocencia?
La presunción de inocencia es un derecho reconocido por la Constitución y el sistema jurídico mexicano. Este principio establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que una sentencia firme determine su responsabilidad penal.
Entre sus aspectos más importantes destacan:
- La carga de probar un delito corresponde a la parte acusadora.
- La persona investigada debe recibir un trato de inocente durante todo el proceso.
- Si al finalizar el juicio existen dudas razonables sobre la responsabilidad del acusado, corresponde emitir una absolución.
Este principio busca garantizar un proceso justo y evitar que una persona sea considerada culpable antes de que exista una resolución judicial.
El caso que dio origen a la propuesta
Alberto Israel Jasso Cruz enfrentaba una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual presentada ante la Dirección Jurídica del IEMS y el Ministerio Público de la Ciudad de México.
Sin embargo, el profesor falleció antes de que el proceso concluyera, por lo que nunca existió una resolución judicial que determinara si la acusación era fundada o no.
A raíz de este caso surgió la Ley Alberto, una campaña ciudadana que busca revisar los protocolos institucionales para equilibrar el respeto al debido proceso, la protección de los derechos de las personas denunciadas y la atención adecuada a quienes presentan denuncias.
Hasta el momento, no existe información pública que confirme que la propuesta haya sido presentada formalmente como una iniciativa de reforma ante el Poder Legislativo.
