PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos

La iniciativa busca tipificar como delito el uso indebido de la Pensión del Bienestar y otros recursos de personas mayores de 65 años, especialmente cuando existe parentesco o relación de confianza.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para tipificar como delito la explotación financiera de personas adultas mayores, con énfasis en los casos donde familiares o personas cercanas utilizan sin consentimiento la Pensión del Bienestar u otros recursos económicos.

La propuesta fue impulsada por la diputada Azucena Huerta Romero, quien planteó reformas tanto al Código Penal Federal como a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de crear un nuevo tipo penal denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores”. Actualmente, este tipo de conductas suelen investigarse como abuso de confianza, lo que —según el PVEM— limita su persecución y sanción efectiva.

De acuerdo con el proyecto, incurrirá en este delito quien, aprovechando una relación de parentesco, tutela, confianza o dependencia, se apropie, utilice o disponga de manera indebida de los recursos, bienes o pensiones de una persona mayor de 65 años, sin su consentimiento libre e informado.

La iniciativa contempla penas de cuatro a ocho años de prisión, así como multas de 200 a 500 días, las cuales podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento cuando la víctima presente alguna discapacidad u otra condición que limite su capacidad de comprender o resistir la conducta.

Además del endurecimiento de sanciones, la reforma incluye nuevas obligaciones para las instituciones financieras, tanto públicas como privadas. Estas deberán simplificar trámites para adultos mayores y establecer protocolos de detección y aviso de operaciones sospechosas, con el fin de prevenir fraudes o el uso indebido de recursos, sin vulnerar la protección de datos personales.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y eventual dictamen. Sus promotores argumentan que la reforma es urgente, ya que en muchos casos las personas adultas mayores dependen física, emocional o económicamente de quienes las explotan, lo que dificulta que puedan denunciar por sí mismas este tipo de abusos.