Gabriel Alejandro Zapata Enríquez sostiene que la denuncia por violación equiparada fue utilizada para separarlo de su hija; las acusaciones forman parte de su versión y no han sido acreditadas judicialmente.
Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata Quintos, pidió públicamente que las autoridades investiguen el origen de la denuncia por violación equiparada presentada en su contra en 2019, así como las presuntas exigencias económicas y actuaciones de abogados y funcionarios que, según su versión, estuvieron relacionadas con el proceso.
Las acusaciones realizadas por Gabriel corresponden a su versión de los hechos y no constituyen hechos acreditados judicialmente.
El padre de Dafne fue vinculado a proceso en octubre de 2019 por el delito de violación equiparada en agravio de su hija y permaneció más de dos años en prisión preventiva. El proceso permanecía abierto, de acuerdo con la información difundida recientemente.
Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha sostenido públicamente que nunca otorgó el perdón y que desde 2019 ha mantenido su acusación.
La muerte de Dafne, ocurrida en julio durante un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, llevó ahora a su padre a hacer pública su versión sobre el conflicto legal que durante años mantuvo con la madre de la adolescente.
El conflicto comenzó con una disputa por la convivencia
Gabriel relató que en noviembre de 2017 promovió un juicio de reconocimiento de paternidad con el objetivo de establecer legalmente sus derechos de convivencia con Dafne.
Según su declaración, en octubre de 2018 obtuvo una sentencia que modificó los apellidos de la menor, estableció una pensión alimenticia equivalente al 30 por ciento de su salario y fijó convivencias durante los fines de semana.
Meses después surgió la acusación penal.
El padre ubicó el inicio del conflicto el 3 de agosto de 2019, cuando, según su relato, Alejandra Quintos acudió a su domicilio acompañada por su abogado Víctor Paz Jiménez y dos policías.
A partir de entonces se inició una investigación por una presunta violación.
“Entonces, pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear ya por mi libertad”, declaró Gabriel.
El padre aseguró que, después de lo ocurrido, llegó a la conclusión de que la acusación habría sido utilizada para impedirle convivir con Dafne.
“Considero que aquella acusación fue utilizada para impedir que yo conviviera con mi hija”, afirmó.
Denuncia presuntas exigencias económicas
Gabriel también acusó que durante el tiempo que permaneció detenido su familia recibió exigencias económicasrelacionadas con los procesos familiares y penales.
De acuerdo con su versión, inicialmente existía un reclamo de aproximadamente 80 mil pesos por concepto de alimentos retroactivos. Posteriormente, aseguró, su madre depositó 100 mil pesos con la expectativa de negociar su situación jurídica.
Sin embargo, afirmó que después surgieron nuevas exigencias.
“Ahí le dicen a mi madre que Alejandra estaba pidiendo una casa, un carro, 550 mil pesos, la pensión que fuera de manera vitalicia, una serie de cosas y además quería una plaza docente”, relató.
Hasta ahora no existe información pública que permita confirmar de manera independiente esas supuestas exigencias ni que las mismas hayan sido determinadas judicialmente como un acto de extorsión.
Gabriel sostuvo que su familia rechazó esas condiciones y que posteriormente el Ministerio Público formuló acusación y solicitó una pena de hasta 45 años de prisión.
También pidió que sean revisadas diversas grabaciones que, según su versión, contienen conversaciones relacionadas con el caso y en las que Alejandra habría manifestado que no quería continuar con una carpeta de investigación.
Pide revisar actuaciones de abogados y funcionarios
El padre de Dafne pidió a las autoridades analizar de manera integral el origen de la denuncia y las actuaciones realizadas desde agosto de 2019.
Entre otros puntos, solicitó revisar la participación del abogado Víctor Paz, la denuncia presentada en su contra, una carpeta de investigación identificada como la 32 del 2021 y los pagos que, según su versión, realizó su familia.
También pidió investigar las presuntas exigencias económicas y escuchar completos los audios que asegura tener en su poder.
“No quiero que socialmente en redes sociales se sentencie. Quiero que se investigue, que se revise el origen de esa acusación”, afirmó.
La otra versión del caso
Alejandra Quintos ha rechazado públicamente que haya otorgado el perdón a Gabriel y ha sostenido que el proceso iniciado en 2019 continuaba vigente.
El expediente derivó en la vinculación a proceso del padre de Dafne por violación equiparada y originalmente se le impuso prisión preventiva.
A la par, la muerte de la adolescente abrió una investigación penal independiente.
Dafne, de 13 años, murió el 16 de julio mientras participaba en un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. El caso derivó en la detención y vinculación a proceso de personas relacionadas con la institución por su probable participación en el feminicidio de la menor.
Gabriel aseguró que, con ayuda de su familia, cubrió los gastos funerarios de Dafne y que incluso tuvo que solicitar autorización judicial para acudir al funeral debido a las medidas que permanecían vigentes dentro del proceso iniciado en 2019.
“Mi hija ya no está”
Tras la muerte de Dafne, el padre aseguró que una de las consecuencias más dolorosas del proceso fue haber perdido años de convivencia con su hija.
“Yo estoy dispuesto a que se investigue todo, absolutamente todo, porque yo fui acusado, fui encarcelado, fui separado de mi hija y hoy mi hija ya no está”, declaró.
Gabriel reconoció que el tiempo que no pudo pasar con Dafne ya no puede recuperarlo, pero afirmó que continuará buscando que se conozca la verdad sobre el proceso que comenzó en 2019.
“Todavía se puede saber la verdad y con esto no me voy a detener por mi nombre y por la verdad, pero sobre todo por mi hija”, sostuvo.
Las declaraciones abren una nueva controversia alrededor del caso. Cualquier investigación sobre las presuntas irregularidades, exigencias económicas o actuaciones de funcionarios y abogados deberá determinarse mediante las autoridades competentes y con base en las pruebas que sean presentadas.
