El gobernador de Sinaloa rompe el silencio tras ser señalado por narcotráfico en Nueva York y asegura que seguirá en funciones con respaldo de Sheinbaum
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, salió a responder tras la acusación presentada en Estados Unidos que lo vincula con delitos de narcotráfico y armas. Su postura fue directa: asegura estar tranquilo y enfocado en su trabajo.
En una breve declaración ante medios, el mandatario afirmó que continuará con sus actividades habituales y descartó cualquier preocupación inmediata. “Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada”, expresó, al tiempo que confirmó haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mantiene funciones y pide calma
Lejos de anticipar cambios en su agenda, Rocha Moya dejó claro que seguirá al frente del gobierno estatal. Incluso hizo un llamado a la población a mantener la calma, en medio del impacto que generó la noticia.
El gobernador también destacó que cuenta con el respaldo del gobierno federal, lo que refuerza su postura frente a las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses.
La acusación desde Nueva York
El caso se originó en el Distrito Sur de Nueva York, donde la fiscalía presentó cargos contra una decena de funcionarios mexicanos, incluido el mandatario sinaloense.
De acuerdo con el documento, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, para facilitar el envío de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.
Entre los nombres también figuran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros perfiles ligados a la política y seguridad en el estado.
Señalamientos que escalan a nivel internacional
Las autoridades estadounidenses endurecieron el tono al describir al Cártel de Sinaloa como una organización criminal que ha operado durante décadas con apoyo de funcionarios corruptos.
El fiscal federal Jay Clayton advirtió que estas redes no podrían funcionar sin complicidad desde el poder, mientras que la DEA sostuvo que la acusación revela un intento de socavar instituciones públicas mediante corrupción.
El caso quedó en manos de la jueza Katherine Polk Failla, en un proceso que podría escalar en el terreno diplomático y judicial.
Por ahora, mientras las investigaciones avanzan, Rocha Moya se mantiene firme en su cargo, en medio de un escándalo que ya cruzó fronteras y que pone bajo presión tanto a autoridades mexicanas como estadounidenses.
