La falta de recursos en el estado pone en riesgo la operación gubernamental y abre un nuevo frente de debate sobre las finanzas públicas.
La situación financiera en Campeche encendió las alertas luego de que la gobernadora Layda Sansores reconociera públicamente que su administración enfrenta serias dificultades para cubrir gastos básicos, incluyendo el pago de energía eléctrica en oficinas gubernamentales.
Durante su programa semanal, la mandataria fue directa al describir el panorama: “No tenemos ni para pagar la luz”, dijo, al explicar que el costo del servicio asciende a varios millones de pesos, una cifra que actualmente rebasa la capacidad financiera del estado.
En ese contexto, incluso dejó abierta la posibilidad de una medida extrema: suspender actividades en dependencias públicas si no se logra cubrir el siguiente recibo.
En medio del discurso, la gobernadora explicó el origen del problema y dejó claro el tamaño del recorte que enfrenta la entidad:
- Reducción de 4 mil 800 millones de pesos en recursos disponibles
- Posible ajuste adicional de 700 millones
- Presupuesto original de 6 mil millones de libre disposición afectado
- Dependencia de participaciones federales
Sansores señaló que estos recortes están relacionados con la Ley de Coordinación Fiscal, la cual calificó como desfavorable para el estado.
El impacto no es menor. La falta de liquidez ha obligado al gobierno estatal a solicitar prórrogas para cumplir con pagos esenciales, incluyendo el servicio eléctrico en periodos recientes.
La advertencia más contundente llegó cuando planteó lo que podría ocurrir si la situación no mejora. “No pediré prestado ni pediré prórroga. Apago todas las oficinas”, afirmó, dejando claro que no contempla recurrir nuevamente a deuda para cubrir estos gastos.
Además del tema energético, la mandataria reconoció que el estado enfrenta una crisis más amplia que limita su capacidad para cumplir compromisos inmediatos. Incluso reveló que recientemente experimentó dificultades para reunir el dinero necesario para cubrir servicios básicos.
Pese a este panorama, también reconoció el respaldo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, destacando la asignación de recursos para infraestructura, particularmente en mantenimiento carretero.
Sin embargo, subrayó que estos apoyos no son suficientes para resolver los problemas de operación diaria, lo que mantiene al estado en una situación delicada.
El caso de Campeche vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la distribución de recursos entre la federación y los estados, así como la viabilidad financiera de los gobiernos locales frente a recortes presupuestales.
