La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia ratificó la sentencia por feminicidio, restableciendo la pena máxima tras una resolución de amparo federal.
La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia confirmó la condena de 50 años de prisión en contra de Diego Urik ‘N’, responsable del feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020 en Morelia, Michoacán. La resolución fue emitida este martes 27 de enero, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal, y ratifica la sentencia originalmente dictada por los tribunales locales.
De acuerdo con la determinación judicial, la pena de 50 años de prisión se contabilizará a partir del 30 de septiembre de 2020, fecha en la que Diego Urik fue detenido tras permanecer prófugo. Además, se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y se estableció la obligación de reparar el daño a los familiares de la víctima.
En materia de reparación del daño, el tribunal fijó una indemnización económica por 1 millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos correspondiente a daños materiales y gastos mortuorios. Asimismo, se determinó el pago por daño moral, cuyo monto será definido durante la etapa de ejecución de la sentencia, conforme a los lineamientos legales vigentes.
La confirmación de la condena se da en un contexto en el que los tribunales mexicanos han reforzado su postura de no reducir penas en casos de feminicidio, criterio que ha sido respaldado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal ha sostenido que, en delitos de violencia extrema contra las mujeres, no deben aplicarse atenuantes como la supuesta reinserción social, debido a la gravedad del daño causado y al impacto social de este tipo de crímenes.
El feminicidio de Jessica González Villaseñor
El caso se remonta al 21 de septiembre de 2020, cuando Jessica González Villaseñor, maestra de 21 años, fue reportada como desaparecida en la capital michoacana. Tras salir de su domicilio y no regresar, se activaron búsquedas oficiales y se generó una amplia movilización social, con exigencias públicas de justicia por parte de familiares, colectivos feministas y ciudadanía.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) centró las investigaciones en Diego Urik Mañón Melgoza, entonces pareja sentimental de la víctima. El 25 de septiembre de 2020, el cuerpo de Jessica fue localizado en un paraje boscoso, presentando signos evidentes de violencia física.
Las periciales forenses y la investigación ministerial concluyeron que se trató de un feminicidio agravado, al acreditarse múltiples golpes, violencia extrema y abuso previo a la muerte, elementos que sustentaron la acusación y la posterior sentencia condenatoria.
Detención y proceso judicial
Tras ser identificado como principal sospechoso, se emitió una ficha de búsqueda nacional e internacional, además de ofrecerse una recompensa por información que permitiera localizarlo. Finalmente, Diego Urik fue detenido el 30 de septiembre de 2020 durante un operativo realizado en un hotel del estado de Jalisco, donde se ocultaba tras huir de Michoacán.
Desde su captura, permaneció en prisión preventiva, mientras se desarrollaba un proceso judicial que se extendió por casi tres años. Durante este periodo, la Fiscalía presentó más de un centenar de pruebas, entre testimonios, peritajes, análisis forenses y argumentos jurídicos, los cuales sostuvieron la acusación hasta llegar a una sentencia firme.
Cabe recordar que en noviembre pasado, un magistrado había reducido la pena de 50 a 43 años de prisión, decisión que fue notificada a la familia de la víctima y que generó inconformidad social. Sin embargo, la reciente resolución de la Segunda Sala Unitaria revierte esa determinación y restablece la condena original, consolidando el criterio judicial de tolerancia cero frente al feminicidio y reforzando el mensaje de justicia para las víctimas de violencia de género.
