La iniciativa presentada por Luisa María Alcalde plantea crear una comisión que permita a partidos políticos consultar información de seguridad e inteligencia antes de definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
La Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, anunció que el gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos de revisión sobre aspirantes a cargos públicos y evitar posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Durante “La Mañanera” de este jueves, la funcionaria explicó que la propuesta será remitida primero a la Comisión Permanente del Congreso para iniciar su trámite legislativo.
Según detalló, la reforma busca que los partidos políticos cuenten con herramientas para revisar perfiles antes de definir candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.
“Establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección de 2027”, explicó la funcionaria.
Proponen crear nueva comisión de verificación
Como parte central de la iniciativa, el gobierno federal planteó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano independiente del Instituto Nacional Electoral (INE).
La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General para periodos de tres años.
De acuerdo con la Consejería Jurídica, este organismo serviría como enlace entre los partidos políticos que participen voluntariamente y diversas autoridades federales de seguridad e inteligencia.
Estas dependencias participarían en las revisiones
Entre las instituciones contempladas para las consultas se encuentran:
- Centro Nacional de Inteligencia
- Fiscalía General de la República
- Unidad de Inteligencia Financiera
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Los partidos políticos podrían entregar de manera voluntaria los nombres de personas interesadas en competir por cargos públicos.
Posteriormente, las dependencias revisarían si existe información que permita identificar un “riesgo razonable” relacionado con presuntos vínculos delictivos.
No compartirían carpetas de investigación
La Consejería Jurídica aclaró que las autoridades no compartirían detalles de carpetas de investigación o expedientes específicos.
En cambio, únicamente emitirían alertas sobre posibles riesgos detectados durante las revisiones.
Después, la comisión comunicaría a los partidos si existe o no alguna observación sobre los perfiles consultados y señalaría qué instituciones emitieron las alertas correspondientes.
Con esa información, cada fuerza política determinaría si mantiene o rechaza la postulación de determinado aspirante.
Aspirantes deberán aceptar revisión obligatoria
La iniciativa también establece que cualquier ciudadano interesado en competir por una candidatura deberá aceptar obligatoriamente ser evaluado mediante este mecanismo, aun cuando el partido político decida no solicitar formalmente la revisión.
Además, el proyecto señala que todo el procedimiento se desarrollaría bajo criterios de confidencialidad y reserva para evitar afectaciones al debido proceso y proteger investigaciones abiertas por autoridades federales.
