La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de tres integrantes de una familia en Ucareo, Zinápecuaro, tras seis días de desaparición; se investiga posible vínculo con su labor como intérpretes de lengua de señas.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la noche del jueves el hallazgo sin vida y calcinados de los tres integrantes de una familia en la localidad de Ucareo, municipio de Zinápecuaro, Michoacán. Entre las víctimas se encontraba una menor de 12 años. La familia había sido reportada como desaparecida seis días antes, el 15 de enero, tras haber sido vista por última vez el 14 de enero en la Plaza La Huerta, ubicada en la zona norte de Morelia, colonia Ex Hacienda La Huerta.
Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel M.V., su esposa Anayeli H.L., y su hija adolescente de iniciales M.E.M.H. La pareja trabajaba como intérpretes de lengua de señas en el Congreso del Estado de Michoacán y otras instituciones gubernamentales, brindando interpretación en sesiones, eventos públicos y asesoría a la comunidad sorda, facilitando el acceso a la información a personas con discapacidad auditiva.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares informó que la carpeta de investigación comenzó formalmente el 17 de enero, el mismo día en que se localizaron los cuerpos. Dos de los cadáveres fueron hallados en un predio cercano a la calle Nacional, mientras que el tercero apareció cerca de la autopista México-Guadalajara, en la misma localidad de Ucareo.
El Congreso del Estado condenó el crimen y destacó que Víctor Manuel y Anayeli eran defensores y promotores de los derechos de la comunidad sorda, cuyo trabajo contribuía a garantizar el derecho a la información para personas con discapacidad auditiva. La 76 Legislatura solicitó a la FGE actuar con celeridad y apego a los derechos humanos, con el objetivo de esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables para evitar la impunidad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) calificó el multihomicidio como un hecho de especial gravedad, considerando que las víctimas eran defensores de derechos humanos y que entre ellas se encontraba una niña. La CEDH solicitó a las autoridades que la investigación sea pronta, exhaustiva, imparcial y con enfoque de derechos humanos, garantizando el interés superior de la niñez y protección reforzada a grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, la CEDH recomendó no descartar posibles líneas de investigación relacionadas con la labor de interpretación en lengua de señas mexicana, enfatizando que la condición de las víctimas como promotores de derechos humanos podría estar vinculada con el homicidio.
El caso ha generado alarma en la sociedad michoacana y nacional, y se mantiene la expectativa sobre los avances de la FGE en la identificación y sanción de los responsables. El hallazgo de los cuerpos pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en la defensa de los derechos de grupos en situación de atención prioritaria, así como la necesidad de garantizar su protección integral.
Situación actual: Las investigaciones continúan, con énfasis en esclarecer el motivo del crimen y localizar a los responsables, mientras se refuerzan las medidas de protección para la comunidad sorda y defensores de derechos humanos en Michoacán.
