La administración estadounidense suspendió visas a decenas de funcionarios y políticos mexicanos en una acción masiva que, según fuentes, afecta sobre todo a miembros de Morena; entre los nombres difundidos están gobernadores, presidentes municipales y consejeros estatales, quienes han rechazado vínculos con el crimen organizado.
El Gobierno de Estados Unidos aplicó en los últimos días una revocación masiva de visas que, de acuerdo con diversas fuentes diplomáticas y medios especializados, alcanza a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos. La acción —enmarcada por Washington como una herramienta para presionar contra el crimen organizado y sus presuntos aliados— ha encendido una nueva oleada de tensión bilateral y un debate político en México sobre el uso de las visas como instrumento de política exterior.
Fuentes consultadas por la prensa señalan que la medida ha afectado, de manera destacada, a cuadros y autoridades municipales y estatales provenientes del partido Morena, partido en el poder. Entre los nombres que han sido difundidos públicamente o que han confirmado la suspensión de su visa figuran:
- Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien rechazó públicamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.
- Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y su esposo, quienes fueron informados del retiro de su visa tras registrarse un incidente en la frontera de Calexico.
- Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, quien atribuyó la revocación a un trámite administrativo en un video de respuesta.
- Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, sancionada tras publicaciones en redes sociales que, según fuentes estadounidenses, promovieron actos violentos.
- Óscar Eduardo Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora, señalado en informes de haber perdido su autorización para entrar a EE. UU. junto con su familia.
- Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros, Tamaulipas, cuyo nombre apareció en reportes locales acerca de la medida.
- Carlos Torres, militante cercano a figuras del partido, reportado también entre los afectados.
Las mencionadas autoridades han negado, en distinto grado, cualquier vínculo con grupos delictivos y han calificado la medida de discriminatoria o de carácter administrativo. No obstante, portavoces del Departamento de Estado estadounidense han recordado que las visas pueden ser revocadas cuando se considera que el titular ya no cumple con las condiciones que justificaron su expedición, o cuando su presencia sea contraria al interés nacional de Estados Unidos.
Reacciones y posibles consecuencias diplomáticas
La ofensiva de cancelaciones ya fue calificada por exdiplomáticos como una táctica de presión política que va más allá de los casos puntuales que administraciones anteriores habían manejado de manera discreta. “El Gobierno actual está encontrando nuevas formas de ejercer influencia sobre México”, comentó un exembajador consultado por medios internacionales, en referencia al uso extensivo de las revocaciones.
En el plano doméstico, la medida ha generado desconcierto entre servidores públicos que requieren movilidad internacional para funciones oficiales, gestiones personales y diálogo bilateral. Analistas advierten que, si la política se mantiene o se amplía, podría enfriar la cooperación en seguridad y complicar la coordinación en temas antinarcóticos, migratorios y comerciales.
Además del impacto político, la acción tiene un costo práctico: muchos alcaldes y gobernadores recurren a Estados Unidos por motivos médicos, familiares y de trabajo; la pérdida repentina de la visa altera agendas y proyectos transfronterizos, denuncian algunos de los afectados.
¿Ampliación regional de la medida?
Fuentes periodísticas agregan que la medida de EE. UU. no se limita a México: en meses recientes se registraron revocaciones y sanciones a figuras públicas en otros países latinoamericanos, en el marco de una política exterior más asertiva que el gobierno estadounidense ha utilizado con distintos actores.
Qué sigue y postura mexicana
Hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República no han emitido un comunicado único que detallar la postura oficial frente a la oleada de revocaciones. Fuentes internas indican que el gobierno mexicano podría solicitar aclaraciones formales y, en su caso, la reconsideración de casos puntuales a través de canales diplomáticos.
Entre tanto, los políticos afectados insisten en demostrar su inocencia y en que la medida responde a criterios administrativos o a decisiones tomadas sin el debido proceso. A la espera de mayores precisiones por parte de Washington, la diplomacia mexicana enfrenta ahora el desafío de proteger a sus servidores públicos y, al mismo tiempo, preservar la cooperación bilateral en seguridad y migración
