La Cámara de Diputados aprobó con 467 votos una reforma a la Ley de Servicios Financieros que exige a bancos y comercios establecer procesos sencillos, gratuitos y en línea para la cancelación de tarjetas, y prohíbe la emisión de plásticos sin consentimiento expreso del cliente.
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló este miércoles 12 de noviembre, con una mayoría abrumadora de 467 votos a favor, una iniciativa crucial que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. El objetivo central de esta modificación es establecer reglas mucho más claras, rápidas y justas para los usuarios que requieren la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito en México.
Esta reforma busca que las entidades financieras y comerciales —incluyendo a los bancos, tiendas departamentales y plataformas que ofrecen tarjetas— garanticen procesos totalmente sencillos y sin trabas burocráticas para los clientes que decidan dar de baja sus productos o solicitar uno nuevo.
Según el texto de la iniciativa aprobada, las instituciones están obligadas a ofrecer medios accesibles y gratuitos para cancelar. Estos canales deberán incluir la sucursal física, la atención por teléfono o la vía electrónica u online, con la finalidad de evitar trámites excesivos o la aplicación de cargos indebidos a los usuarios.
Un punto fundamental que incorpora esta modificación es la regulación en la emisión de plásticos. Se establece que la entrega de tarjetas deberá contar con la autorización expresa del usuario, con lo cual se previene la práctica de enviar plásticos no solicitados a los clientes.
Durante la sesión, los legisladores aseguraron que estas modificaciones legales fortalecen de manera significativa los derechos de los consumidores y promueven una mayor transparencia dentro del sistema financiero nacional. Además, subrayaron que la medida fomenta la competencia y refuerza la confianza en los servicios bancarios.
La Cámara de Diputados destacó que la nueva iniciativa tiene como propósito proteger a los usuarios de servicios financieros frente a prácticas que puedan ser consideradas abusivas, además de simplificar los procesos para cancelar tarjetas bancarias, un trámite que históricamente ha resultado lento y complicado para la ciudadanía.
Con esta propuesta, el Congreso busca garantizar un trato más justo y transparente por parte de las instituciones financieras, al mismo tiempo que se refuerza la defensa de los derechos de los clientes, reduciendo los obstáculos que enfrentan al intentar dar de baja un producto bancario.
