El legislador planteó aplicar castigos más severos, incluida la pena de muerte, tras el homicidio de dos trabajadoras en una escuela, lo que reavivó el debate sobre justicia para menores
El diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla se pronunció a favor de aplicar la pena de muerte contra el adolescente que asesinó a tiros a una maestra y a la coordinadora académica de la preparatoria Antón Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas.
El legislador, integrante del Movimiento del Sombrero, argumentó que se requieren castigos ejemplares en casos de violencia extrema, incluso considerando sanciones para los padres del agresor.
“¿Qué prefieren?, ¿que muera el niño de 15 años o que asesine a dos madres que no tenían absolutamente nada que ver?”, expresó al defender su postura.
Proceso bajo justicia para adolescentes
Debido a que el responsable es menor de edad, enfrentará un proceso bajo el sistema de Justicia para adolescentes, lo que implica que podría obtener su libertad en un periodo no mayor a cinco años.
Este marco legal ha sido cuestionado por el diputado, quien considera que las sanciones actuales resultan insuficientes ante delitos de alto impacto.
Propuesta para juzgar a menores como adultos
Carlos Bautista también ha planteado reformas para que adolescentes puedan ser juzgados como adultos a partir de los 16 años, al considerar que el actual sistema limita la aplicación de sanciones más severas.
El legislador señaló que existe resistencia en el Congreso para abordar este tipo de iniciativas.
“A los diputados les tiembla mucho la mano”, afirmó, al insistir en la necesidad de endurecer las leyes.
Debate sobre medidas punitivas
El posicionamiento ha reavivado la discusión sobre el uso de medidas más estrictas en casos de violencia, especialmente cuando los responsables son menores de edad.
Mientras algunos sectores respaldan la idea de imponer sanciones más duras como forma de prevención, otros advierten sobre las implicaciones legales y de derechos humanos que conllevarían este tipo de propuestas.
El caso ha generado una fuerte reacción pública, colocando nuevamente en el centro del debate temas como la seguridad, la responsabilidad penal juvenil y los límites del sistema de justicia en México.
