La diputada Elizabeth Matías Hernández, de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso capitalino para colocar cámaras en escuelas públicas y privadas con el objetivo de prevenir y documentar casos de abuso o violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La diputada Elizabeth Matías Hernández, integrante del grupo parlamentario de Morena, ha impulsado una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que busca instalar cámaras de videovigilancia en todos los espacios de las escuelas públicas y privadas de la capital. La propuesta nace de la pregunta fundamental sobre la protección de la infancia cuando un menor no puede explicar lo que vive dentro del aula.
La legisladora defendió su idea centrada en la protección de niñas, niños y adolescentes ante posibles casos de abuso o violencia. En la sesión del 23 de octubre, Matías Hernández fue clara al señalar que: “Cuando un niño no puede hablar, una cámara se convierte en su voz”, destacando que la medida busca brindar “tranquilidad a las familias y seguridad a los estudiantes”.
La propuesta contempla la colocación de cámaras de videovigilancia en salones, pasillos y áreas comunes. Sin embargo, la legisladora enfatizó que esto se realizaría bajo protocolos estrictos de privacidad y protección de datos personales.
“¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa dentro de un salón de clases cuando las puertas se cierran? ¿Quién cuida a nuestras hijas e hijos cuando no estamos allí?”, interrogó la diputada durante su exposición.
La iniciativa ya fue turnada a las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, donde será analizada antes de su posible dictamen.
Matías Hernández se apresuró a aclarar que su propuesta no tiene como finalidad vigilar ni criminalizar a los docentes, sino más bien prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la confianza entre padres, maestros y autoridades educativas. “Las cámaras no sustituyen a las maestras ni a los directivos, las respaldan; no eliminan la responsabilidad humana, la fortalecen”, aseveró.
La diputada recordó que, en los últimos años, se han registrado casos graves de violencia escolar y maltrato infantil en distintas entidades del país, algunos de ellos sin testigos o pruebas suficientes, lo que ha dificultado el acceso a la justicia. “Hay hechos que pudieron haberse evitado si existiera una supervisión más efectiva”, afirmó.
El proyecto plantea un equilibrio entre seguridad y privacidad, al establecer lineamientos claros para el uso y resguardo de las grabaciones. La propuesta estipula que solo las autoridades educativas y judiciales podrán acceder al material, y que las imágenes se almacenen por tiempo limitado. Durante su exposición, la diputada subrayó que el uso de videovigilancia debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos de los menores, conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa será discutida en comisiones en las próximas semanas. En este proceso se definirán los espacios exactos para la colocación de las cámaras, los criterios técnicos para su instalación y los mecanismos de supervisión para evitar el uso indebido del material.
