Un juez ordenó prisión preventiva contra Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, tras una denuncia del senador Waldo Fernández; la audiencia de vinculación será el 7 de marzo.
Un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Karina Barrón, actual secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno de Monterrey, por los delitos de presunta extorsión y falsedad de declaraciones.
El proceso se originó tras una denuncia presentada por el senador de Morena, Waldo Fernández, quien la señaló por un supuesto montaje relacionado con acusaciones difundidas durante la campaña electoral de 2024.
Junto a la funcionaria también fueron imputados Deborah Velazco y Gustavo García. Luego de evaluar los elementos iniciales del caso, el juez determinó imponer la medida cautelar. No obstante, los acusados solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el sábado 7 de marzo.
El origen del conflicto
La disputa legal se remonta a la contienda por el Senado en 2024, cuando Barrón compitió contra Fernández. En ese contexto, se hizo pública una denuncia por presunto abuso sexual contra el hoy senador.
Fernández ha sostenido que dicha acusación fue fabricada y que logró reunir pruebas para demostrar que se trató de un montaje. En consecuencia, presentó una denuncia penal señalando a Barrón como presunta responsable de la falsificación de hechos ante la autoridad ministerial.
A través de redes sociales, el legislador confirmó que la detención de la funcionaria está relacionada con la denuncia que interpuso tiempo atrás, aunque afirmó que por el momento no puede ofrecer mayores detalles.
Detención y traslado
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió el domingo por la tarde en la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y avenida de los Parques, en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.
Barrón fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, en su sede de Escobedo.
La funcionaria ha militado en distintos partidos políticos —PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— y ha ocupado diversos cargos legislativos, entre ellos diputada en el Congreso de Nuevo León.
Postura del Gobierno de Monterrey
El Gobierno de Monterrey emitió un comunicado en el que aseguró desconocer los motivos específicos de la detención y señaló que, de manera extraoficial, el caso sería ajeno a la administración municipal.
En el posicionamiento, la autoridad local reiteró su respeto al Estado de Derecho y expresó confianza en que las instituciones encargadas de la procuración de justicia actuarán con apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.
La situación jurídica de Karina Barrón se definirá en los próximos días, cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularla formalmente a proceso. Mientras tanto, el caso vuelve a colocar en el centro del debate las disputas políticas surgidas tras la elección federal de 2024 en Nuevo León.
