Elizabeth Soto, fundadora de Seres Libres A.C., pasó de denunciar un ataúd con la foto de su hija afuera de su casa a enfrentar un proceso penal que favorece a la funcionaria a la que ella misma había señalado
La defensora animalista Elizabeth Soto, fundadora de Seres Libres A.C., vive uno de los episodios más contradictorios y tensos en el Estado de México. Después de denunciar públicamente una amenaza de muerte contra su hija, la activista fue imputada por el delito de acecho, luego de responsabilizar a la funcionaria Alma Tapia, directora de la CEPANAF, de cualquier daño que ella o su familia pudieran sufrir.
El caso se volvió mediático desde el 23 de octubre de 2025, cuando Soto reveló en redes sociales que alguien había dejado un ataúd, una corona de flores y fotografías de su hija afuera de su domicilio, acompañado de un mensaje intimidatorio. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía estatal, que abrió una carpeta por extorsión. Sin embargo, semanas después, la misma institución decidió procesar a la activista, una decisión que ha provocado indignación entre colectivos de protección animal.
Clausura del Centro de Bienestar Animal de Tecámac y el origen del conflicto
La controversia comenzó el 20 de octubre, cuando la CEPANAF y la PROPAEM clausuraron temporalmente el Centro de Bienestar Animal de Tecámac. Durante la intervención, la asociación afirmó que 32 perros fueron retirados sin transparencia sobre su destino.
Seres Libres acusó que las autoridades ambientales del Edomex “desaparecen a los perros que capturan”, que muchos mueren por peleas, enfermedades o eutanasia, y que solo algunos son promovidos en adopción bajo criterio selectivo de la directora Alma Tapia. La organización exigió información sobre el paradero de los animales retirados y pidió una auditoría a los procedimientos de captura y resguardo.
Y toda esa gente bonita que ha salido a apoyarnos, apoyarme, a darme todo su amor, sepan que NUNCA olvidaré que…
Publicado por Elizabeth Soto en Sábado, 8 de noviembre de 2025
Tras esto, Elizabeth Soto difundió un video donde advirtió que, si algo le pasaba a ella, a su hija o a las demás integrantes de Seres Libres, responsabilizaba directamente a funcionarios estatales, entre ellos Alma Tapia, miembros de CEPANAF, PROPAEM y autoridades municipales de Los Reyes La Paz.
De víctima a imputada: la Fiscalía le impone medidas de protección… pero a favor de la funcionaria
Pese a haber denunciado una amenaza grave, Elizabeth Soto fue posteriormente notificada de que la Fiscalía del Edomex la investiga por acecho, presuntamente en agravio de Alma Tapia. El Ministerio Público ordenó medidas de protección que prohíben a la activista realizar cualquier conducta de intimidación o molestia, incluso en redes sociales.
El documento ministerial detalla que la protección se extiende a la funcionaria y a su familia, señalando explícitamente restricciones para publicaciones digitales relacionadas con ella.
Alma Tapia rechaza los señalamientos y asegura estar también en riesgo
En entrevista, Alma Tapia aseguró que las acusaciones en su contra son “totalmente falsas” y recordó que ella misma ha sido víctima de acoso y difamación. Reconoció haber conocido a Elizabeth Soto en 2023, cuando la invitó a un foro en el Senado sobre bienestar animal, aunque dijo no haber visto el video donde se le menciona como posible responsable de cualquier agresión.
La funcionaria afirmó que no tiene relación alguna con la asociación o con los hechos denunciados y se dijo abierta al diálogo: “En el momento que ellas gusten tener ese acercamiento, no tengo inconveniente”.
Un caso que deja más preguntas que respuestas
El giro procesal —pasar de denunciar una amenaza de muerte contra una niña a enfrentar acusaciones penales— ha generado preocupación entre activistas y organizaciones civiles, que consideran que el caso podría convertirse en un precedente peligroso para quienes denuncian presuntas irregularidades de autoridades ambientales.
Mientras tanto, la investigación por la amenaza a la hija de Soto sigue abierta, pero sin avances públicos, mientras que el proceso por acecho avanza con rapidez bajo la figura de protección a favor de una funcionaria estatal.
