Diputados locales de Morena plantean una normativa que fija topes de decibeles hasta 2027 para establecimientos, auditorios, gimnasios y hogares, con sanciones para quienes excedan los límites.
En la Ciudad de México, los diputados locales de Morena pusieron sobre la mesa una propuesta que podría cambiar el paisaje sonoro de la capital: la Ley de Control del Ruido, una iniciativa que busca fijar límites progresivos a los niveles de sonido emitidos por establecimientos mercantiles, auditorios, escuelas, gimnasios e incluso viviendas particulares.
De acuerdo con la propuesta, las fuentes emisoras fijas de ruido incluyen salones de fiestas, restaurantes, terrazas techadas o al aire libre, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine, autocinemas, teatros, cafeterías, iglesias y templos religiosos, auditorios, bares, antros, centros nocturnos, cantinas y gimnasios.
Límites progresivos hasta 2027
El proyecto establece que para 2025 el nivel máximo permitido en exteriores durante el día sea de 65 decibeles (dB) en establecimientos mercantiles, bajando progresivamente a 62 dB para 2027. Estas restricciones también aplicarán a auditorios y espacios de eventos masivos.
En el caso de inmuebles con uso de suelo habitacional, de salud, educativo y cultural, la iniciativa permitirá denuncias este año cuando se rebasen los 63 dB; para 2027, el umbral bajará a 45 o 50 decibeles, dependiendo del horario.
Fundamento internacional y antecedentes
En tribuna, la diputada Leonor Gómez Otegui recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre los efectos negativos de la exposición prolongada a sonidos estridentes, que pueden ir desde interrupciones del sueño hasta problemas graves de salud e, incluso, la muerte.
Como referencia, mencionó el caso de Tokio, donde se implementó una ley similar con límites diferenciados a lo largo del día: 55 decibeles durante el día y 45 decibeles en la noche.
Sanciones y alcance
La propuesta de la Ley de Control del Ruido en la CDMX contempla la posibilidad de imponer sanciones a quienes excedan los niveles establecidos, aplicando tanto a establecimientos mercantiles como automóviles, obras públicas y privadas, mercados y tianguis.
Con esta iniciativa, los legisladores buscan proteger la salud auditiva y mejorar la calidad de vida de los capitalinos, al tiempo que se alinea con estándares internacionales para reducir la contaminación acústica.
