El caso de Doña Carlota sigue avanzando en el terreno judicial y mantiene la atención pública por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. La mujer, de 74 años, enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, mientras cumple prisión domiciliaria.
Su defensa sostiene que todo se originó a partir de una presunta invasión a su propiedad, lo que habría detonado la reacción tanto de ella como de sus hijos.
De acuerdo con Arturo Santana, hijo de la acusada, el equipo legal está concentrado en fortalecer la teoría de legítima defensa.
Explicó que actualmente el caso se encuentra en la etapa intermedia del proceso penal, un momento clave donde se presentan y depuran las pruebas que podrían definir el rumbo de un eventual juicio.
La defensa confía en que los elementos reunidos serán suficientes para acreditar que tanto Doña Carlota como sus hijos actuaron para protegerse.
A diferencia de la mujer, sus hijos Eduardo Santana y Mariana Santana permanecen en un reclusorio, sin acceso al beneficio de prisión domiciliaria.
Según la defensa, la medida otorgada a Doña Carlota fue posible gracias a un amparo, lo que le permitió continuar su proceso desde casa.
Entre los elementos que presentará la defensa destaca un video que se viralizó hace cerca de un año y que, aseguran, será determinante para sostener su versión de los hechos.
La próxima audiencia está programada para el 20 de abril, fecha en la que ambas partes continuarán con la exposición de pruebas ante la autoridad judicial.
En entrevista con Maca Carriedo para el programa “Macanazo Informativo” de El Heraldo Media Group, la mujer afirmó que antes de los hechos ya habían intentado denunciar la invasión de su propiedad.
Según su testimonio, acudieron ante autoridades para levantar una denuncia por despojo, pero no obtuvieron respuesta.
Al recordar lo ocurrido el 1 de abril de 2025, cuando presuntamente disparó contra tres personas —dos de ellas murieron—, Doña Carlota expresó que le gustaría dejar atrás ese episodio.
El caso continúa en desarrollo y será en las próximas audiencias donde se defina el rumbo legal tanto de la acusada como de sus familiares, en un proceso que sigue generando debate sobre los límites de la legítima defensa en México.
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