La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el litigio fiscal entre el gobierno federal y Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ha entrado en su etapa final, luego de que la empresa acudiera al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar de manera formal su disposición a cubrir los adeudos fiscales, que ascienden a aproximadamente 51 mil millones de pesos.
Este acercamiento marca un giro significativo en un conflicto que se ha prolongado por varios años y ha generado atención pública debido al volumen de recursos en disputa y la complejidad de los procesos legales involucrados.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la comparecencia de la empresa ocurrió justo antes de que venciera el plazo legal establecido, lo que permitió activar los procedimientos previstos en la legislación fiscal, sin que ello implique acuerdos fuera del marco normativo.
La presidenta enfatizó que no se trata de una negociación discrecional. Grupo Salinas acudió al SAT para expresar su intención de cumplir con el pago, y actualmente se desarrollan mesas técnicas para analizar los beneficios fiscales permitidos por la ley, como posibles reducciones en recargos o actualizaciones, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Sheinbaum destacó que todo el proceso se realiza conforme a la normatividad fiscal vigente y descartó cualquier trato preferencial. La manifestación de voluntad de pago, indicó, abre un margen legal para definir la forma en que se realizará el abono pendiente, y se espera que los avances se conozcan en los próximos días.
Grupo Salinas ha enfrentado diversos litigios fiscales a lo largo de los años por créditos determinados por las autoridades. En este contexto, el gobierno federal ha fortalecido su estrategia de cobro a grandes contribuyentes, particularmente tras resoluciones judiciales que han respaldado la validez de los adeudos reclamados.
Sheinbaum recordó que este caso fue previamente dado a conocer por el SAT y la Secretaría de Hacienda, como parte de una política de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Si se concreta el pago, se trataría de uno de los montos fiscales más elevados recuperados por el Estado en los últimos años y establecería un precedente en la relación entre el gobierno federal y los grandes grupos empresariales. La presidenta aseguró que, una vez definidos los términos finales, se informará públicamente sobre todos los detalles, reiterando el compromiso con la legalidad y la transparencia.
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