La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la controversia generada con TV Azteca y el empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que la televisora acusara al gobierno federal de intentar censurar medios críticos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria negó cualquier acto de censura y afirmó que sus declaraciones forman parte de su derecho a responder a contenidos que considera falsos o tendenciosos.
En medio de la polémica, la presidenta recordó el origen de TV Azteca y señaló que la empresa surgió tras la privatización de Imevisión durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1993.
Sheinbaum aseguró que existen cuestionamientos históricos sobre la compra de la televisora y mencionó presuntos recursos vinculados a Raúl Salinas de Gortari.
Según explicó, el empresario habría recibido un préstamo superior a 29 millones de dólares para concretar la adquisición de la televisora.
La mandataria también relacionó la tensión mediática con el conflicto fiscal que mantiene el gobierno federal con Grupo Salinas.
De acuerdo con Sheinbaum, existen adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009 y 2013, los cuales sumarían alrededor de 32 mil millones de pesos.
Tras litigios y procesos judiciales, se alcanzó un convenio con el Servicio de Administración Tributaria para que la deuda sea cubierta en 18 mensualidades hasta julio de 2027.
La controversia comenzó luego de que Claudia Sheinbaum afirmara durante una mañanera: “No vean TV Azteca”.
La presidenta argumentó que algunos contenidos de la televisora difunden información falsa y participan en campañas políticas contra su administración.
Tras sus declaraciones, TV Azteca emitió un comunicado calificando el mensaje como un intento de censura y defendiendo su libertad editorial.
Ante las críticas, la mandataria reiteró que su gobierno no busca limitar contenidos ni presionar a medios de comunicación.
“No es una censura, es una opinión”, afirmó.
Sheinbaum insistió en que existe libertad total para elegir qué consumir, aunque sostuvo que también tiene derecho a responder cuando considera que la información es falsa o sesgada.
El caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la relación entre poder político, medios de comunicación y libertad de expresión en México.
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