VIDEO: Fernández Noroña recibirá pensión para adultos mayores; por su labor legislativa, recibe una dieta mensual de 131 mil 700 pesos

El presidente del Senado mostró entusiasmo por recibir $6,200 bimestrales del programa social, aunque su cargo le otorga ingresos y presupuesto millonarios

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, generó reacciones encontradas al celebrar con entusiasmo que pronto recibirá la Pensión para Adultos Mayores de $6,200 pesos bimestrales, mientras ocupa un cargo que le brinda ingresos y recursos significativos.

En un video compartido en TikTok, el legislador ex petista mostró su alegría: «¡Uuu! Ya voy a recibir mi pensión de adulto mayor», dijo levantando el brazo izquierdo. Su asesora le confirmó que el depósito llegaría «probablemente el próximo miércoles», pese a que Noroña admitió no haber realizado personalmente el trámite.

Contraste económico
La celebración contrasta con los beneficios que recibe como presidente de la Mesa Directiva del Senado:

• Dieta mensual: $131,700 pesos
• Presupuesto administrativo: $19.9 millones de pesos (incluye $12M para contrataciones, $2.8M para transporte/alimentos y $989 mil como fondo revolvente)

Polémica por viaje a Francia
El legislador también cerró la polémica por su viaje a Estrasburgo mostrando un cheque de $36,480 pesos por su boleto de Air France, aunque no aclaró si otros gastos (hospedaje, viáticos) fueron cubiertos con recursos públicos.

Reacciones en redes
Usuarios cuestionaron la pertinencia de que un funcionario con tales ingresos acceda a programas sociales:

• «¿$131 mil al mes + presupuesto millonario y necesita los $6,200?»
• «La pensión es para quienes realmente la necesitan»
• «Al menos mostró transparencia con su viaje»

Defensores del programa argumentan que el derecho a la pensión universal no depende de otros ingresos. Sin embargo, el caso reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos por parte de la clase política.

Fernández Noroña, de 64 años, es elegible legalmente para la pensión, pero el episodio pone en relieve las tensiones entre el discurso de austeridad y las realidades presupuestales del poder legislativo. La Secretaría del Bienestar no ha comentado si revisará los criterios de asignación para funcionarios en activo.