El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868. Esta medida, considerada una de las promesas más radicales de su campaña en materia de inmigración, enfrenta ya desafíos legales y constitucionales.
La ciudadanía por nacimiento establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos adquiere automáticamente la ciudadanía estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este derecho fue fundamental para asegurar la ciudadanía de las personas negras tras la Guerra Civil.
Trump ha criticado en diversas ocasiones esta política, calificándola como “ridícula” y afirmando erróneamente que Estados Unidos es el único país que la tiene. Sin embargo, más de 30 países, incluidos Canadá y Brasil, ofrecen ciudadanía por nacimiento, según la Biblioteca del Congreso.
La medida de Trump enfrenta su primer obstáculo en la Enmienda 14, cuyo texto explícitamente garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción. Expertos legales, como Elizabeth Wydra del Centro de Responsabilidad Constitucional, destacan que modificar la Constitución es una tarea casi imposible, que requiere no solo la aprobación del Congreso, sino también el respaldo de tres cuartas partes de los estados.
El presidente no puede cambiar la Constitución por sí solo, y la orden ejecutiva que busca implementar esta medida será inmediatamente impugnada en los tribunales por violar la Enmienda 14. Tanto Trump como algunos congresistas han intentado interpretar el lenguaje de «jurisdicción» de manera restrictiva para excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados, una interpretación que la mayoría de los expertos considera errónea.
Incluso figuras conservadoras, como el juez James Ho, designado por Trump, han argumentado en contra de estas interpretaciones, afirmando que la Cláusula de Ciudadanía aplica a la mayoría de los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, incluidos aquellos con estatus migratorio irregular.
La implementación de esta orden ejecutiva también enfrenta retos prácticos. Las agencias federales, como la Administración de Seguridad Social, tendrían que verificar el estatus migratorio de los padres para registrar a los recién nacidos como ciudadanos, complicando un proceso que hasta ahora se basa únicamente en el certificado de nacimiento.
Emma Winger, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, advierte que esta medida impondría un paso burocrático adicional a todos los padres, afectando no solo a los inmigrantes, sino a cualquier familia con un recién nacido en Estados Unidos.
La orden ejecutiva de Trump marca un cambio radical en la política de inmigración de Estados Unidos y anticipa una batalla legal prolongada mientras el país debate el alcance y significado de la ciudadanía por nacimiento.
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