El Gobierno de México oficializó el decreto del aguinaldo 2025, documento firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Con ello se activan los procesos administrativos para realizar el pago a partir del 10 de noviembre, aunque varios puntos del decreto han generado dudas entre los trabajadores debido a sus alcances y restricciones.
El texto presidencial confirma que el aguinaldo será equivalente a 40 días de salario, pero deja entre líneas quiénes sí recibirán el beneficio completo y quiénes quedan fuera, un tema que cada año causa expectativa entre miles de empleados públicos.
Aunque el documento señala que el pago será para personas servidoras públicas bajo el Apartado B del artículo 123 Constitucional, el decreto también incluye perfiles muy específicos dentro de la estructura federal. Entre ellos se encuentran trabajadores de confianza, personal operativo y de mando, así como integrantes del Servicio Exterior Mexicano, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
El decreto incluso contempla a militares, pensionistas y personas contratadas por honorarios bajo esquemas con recursos federales, aunque no todos los casos son elegibles, pues algunos dependen de la naturaleza del contrato y del tipo de partida presupuestal.
En el caso de pensionados y deudos, el pago será proporcional, un detalle que suele pasar desapercibido, pero que afecta directamente los montos finales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de interpretar el decreto, emitir lineamientos y verificar que el pago se realice conforme al presupuesto. Esto significa que la dependencia decidirá la aplicación final, especialmente en situaciones que no están claramente definidas dentro del texto.
El gobierno señaló que todo el proceso se conducirá bajo criterios de justicia, equidad y austeridad republicana, aunque dejó sin aclarar cómo se equilibrarán estas directrices en áreas donde existen diferencias salariales significativas.
El decreto también establece quiénes no recibirán el aguinaldo 2025, pero esta información aparece dispersa en el documento, lo que dificulta su lectura. Quedan excluidas las personas contratadas por honorarios especiales y quienes laboran bajo convenios de coordinación técnica con gobiernos estatales. Estos trabajadores, pese a depender operativamente de instituciones públicas, no entran en el beneficio federal.
Para quienes no cuentan con relación laboral formal, no existe obligación legal de un aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo solo garantiza esta prestación a personas empleadas con contrato o afiliación al IMSS. En trabajos informales, por honorarios o acuerdos privados, el pago depende únicamente de la voluntad del empleador.
Algunas cooperativas o plataformas digitales ofrecen compensaciones de fin de año, pero no se consideran aguinaldos legales.
El ajuste de 40 días impactará principalmente a quienes laboran directamente para dependencias federales: IMSS, ISSSTE, SAT, SEP, Secretaría de Salud, SEDENA, Bienestar y SSPC, entre otros organismos con presupuesto federal. También incluye a empleados de oficinas centrales, delegaciones y entidades descentralizadas.
Pese al decreto ya publicado, aún quedan puntos que deberán resolverse con los lineamientos de Hacienda, donde se aclarará cómo se aplicará realmente el aumento y qué áreas tendrán ajustes específicos para el cierre fiscal 2025.
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