La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio mexicano debido a la ficha roja emitida por la Interpol tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Rocha Moya y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa podrían ser detenidos si abandonan el país.
De acuerdo con Claudia Sheinbaum, las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades estadounidenses activaron mecanismos de cooperación internacional que restringen la movilidad de los acusados.
“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos; eso hace que se alerten fichas rojas por parte de Interpol”, declaró la presidenta.
La mandataria explicó que, en caso de que alguno de los señalados intente ingresar a otro país, podría ser detenido por autoridades internacionales.
Durante la conferencia, Sheinbaum también aseguró que Rubén Rocha Moya todavía cuenta con vigilancia federal y permanece en su domicilio en Sinaloa.
“Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicite a partir de una evaluación de riesgos”, comentó.
Las declaraciones contrastan con lo dicho previamente por Omar García Harfuch, quien afirmó un día antes que el mandatario con licencia no contaba con protección federal, aunque sí mantenía seguridad estatal.
Al ser cuestionada sobre si los funcionarios señalados por Estados Unidos están siendo monitoreados por autoridades mexicanas, Sheinbaum respondió que no existe ninguna obligación legal para mantener vigilancia específica sobre ellos.
“No hay nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre esas personas”, afirmó.
Además, señaló que desconoce el paradero actual del senador Enrique Inzunza y si cuenta con algún esquema de protección oficial.
Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio de la tensión política generada por las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra diversos funcionarios y políticos presuntamente vinculados con operaciones del Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha confirmado detenciones dentro del país relacionadas con estos señalamientos internacionales, mientras continúan las investigaciones y crece la presión política sobre autoridades sinaloenses.
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