Samsung Electronics, uno de los gigantes tecnológicos más importantes a nivel global, se encuentra en un litigio en México que podría forzar su salida del país. El conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asciende a más de 300 mil millones de pesos, un monto que equivale a seis años de utilidades de la compañía en territorio mexicano.
La disputa se centra en la aplicación del programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), específicamente en la figura de importación virtual. Este mecanismo permite a las empresas importar insumos temporalmente sin pagar impuestos, siempre que se destinen a productos de exportación. Sin embargo, el SAT considera que esta modalidad ha sido utilizada de forma indebida, generando presuntas evasiones fiscales.
La incertidumbre generada por la falta de una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha colocado a Samsung México en una encrucijada. La compañía, dirigida por Thomas Yun, analiza la posibilidad de trasladar sus operaciones a otro país del continente si el fallo no le es favorable.
El impacto de una potencial salida de Samsung sería severo, implicando la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y una reducción en las exportaciones de electrónicos y electrodomésticos. Datos de la Secretaría de Economía muestran que las exportaciones bajo el esquema IMMEX superaron los 300 mil millones de dólares en 2024, representando más del 60 por ciento del comercio exterior manufacturero del país.
La disputa trasciende el caso particular de Samsung y podría afectar a sectores como el automotriz y aeronáutico, que también operan bajo este esquema. Fuentes advierten que un cambio en la interpretación fiscal podría incluso generar fricciones comerciales con Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC.
Frente a este escenario, Samsung Electronics México emitió un comunicado oficial destacando su “firme compromiso con el cumplimiento y respeto de las leyes de México” a lo largo de casi tres décadas. La compañía busca “una resolución constructiva a este tema mediante un diálogo continuo y colaborativo con el Gobierno de México” y reafirma su compromiso con la inversión constante y el crecimiento sostenible.
El fallo pendiente de la Suprema Corte no solo definirá el futuro inmediato de la tecnológica en el país, sino que se convertirá en un precedente crucial para la certidumbre jurídica que exigen otras corporaciones globales con inversión en México.
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