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El empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más influyentes del sector privado en México y propietario de Grupo Salinas, dio un giro relevante en su prolongado conflicto fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Luego de más de una década de litigios y controversias legales, el magnate realizó un primer pago de 10 mil millones de pesos y acordó cubrir el resto de su adeudo mediante pagos parciales, conocidos públicamente como “abonos chiquitos”.
La información fue difundida este jueves por Radio Fórmula, que reportó que el acuerdo busca reducir una deuda fiscal que supera los 50 mil millones de pesos, una de las más elevadas registradas en el ámbito empresarial mexicano. Con este movimiento, Salinas Pliego saldó de forma parcial y voluntaria una parte significativa del adeudo y asumió el compromiso de liquidar el monto restante en pagos escalonados.
Este acuerdo se da después de que la Secretaría de Hacienda y el SAT establecieran un plazo definitivo para que el empresario cumpliera con sus obligaciones fiscales, derivadas de créditos fiscales impugnados desde hace más de 15 años. Dichos adeudos corresponden principalmente a impuestos no pagados, recargos e intereses acumulados relacionados con empresas clave del grupo, como Elektra y TV Azteca.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la deuda total rondaba los 51 mil millones de pesos, cifra que creció con el paso del tiempo debido a los intereses y a los múltiples recursos legales interpuestos. Antes del acuerdo, el SAT había señalado que el pago voluntario dentro del plazo legal permitiría al contribuyente acceder a beneficios fiscales, incluyendo reducciones de hasta el 39% del monto original, siempre que no se prolongaran los litigios.
Este entendimiento representa un hito fiscal en una de las disputas más largas y mediáticas entre el sector privado y la autoridad tributaria en México. Aunque Salinas Pliego ha mantenido una postura crítica respecto a la interpretación de sus obligaciones fiscales, el hecho de realizar un pago inicial y comprometerse a cubrir el resto abre la posibilidad de una resolución definitiva del conflicto, tras años de debates públicos y procesos judiciales.
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