El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para quejarse de los créditos fiscales que le reclama el SAT; la estrategia ya fue desestimada por la SCJN en ocasiones anteriores y la presidenta Claudia Sheinbaum le recuerda que debe pagar.
En un nuevo capítulo de la larga batalla legal y mediática entre las empresas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego y el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo por las deudas fiscales, Grupo Salinas anunció hoy que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para quejarse de los créditos fiscales que le pretende cobrar el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta movida no es la primera ocasión en que el conglomerado de Salinas Pliego busca invocar a los derechos que tienen las personas como seres humanos en su combate contra el SAT, un argumento que por definición no se aplica a las empresas. Anteriormente, en uno de los numerosos recursos presentados para anular los créditos fiscales, Grupo Elektra alegó que la autoridad tributaria había violado sus “derechos humanos”.
El conglomerado logró llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde contó con el apoyo de abogados como Miguel García y García –socio del panista Santiago Creel Miranda–, Guadalupe Margarita Ortiz Blanco –hija del ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia– y Alejandro Cruz Ramírez, excolaborador de Olga Sánchez Cordero.
Tras un largo vaivén en el sistema judicial mexicano, que incluyó la petición de Grupo Elektra de vetar un proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat –bajo el argumento de que había sido titular del SAT–, la SCJN determinó, en un voto dividido, que no se ampararía a Grupo Elektra, cerrándole las puertas a esta estrategia para evitar el pago.
Esta osadía tuvo un precedente victorioso para el grupo de Salinas Pliego: en 2012, la jueza Josefina Rosey González, cercana al entonces presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, otorgó un amparo controversial a Grupo Elektra, que la exentó de la aplicación de una nueva metodología para medir el valor de las compañías que estaba por implementar la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
En su resolución, la jueza González copió y pegó tres párrafos de la argumentación de Grupo Elektra, y aseveró que la BMV había violado los “derechos humanos” de la compañía, citando a la Convención Americana de Derechos Humanos. En aquel entonces, la revista The Economist se mofó de una resolución con tufo a “realismo mexicano”, al recalcar que por lo general la CADH “no se aplica a empresas”. La BMV denunció enseguida a la jueza ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y la acusó de conceder una “ventaja indebida” a la empresa, argumentando que la jueza “probablemente ha dirigido o aconsejado a una persona jurídica que litiga ante ella; es decir, ha aconsejado a Elektra o compartido información confidencial”. En ese momento, la inminente implementación de la nueva metodología de la BMV amagaba con desplomar de manera brutal el valor de Grupo Elektra en la bolsa y, por ende, con afectar seriamente la fortuna de Ricardo Salinas Pliego.
En el contexto actual, el fin de semana Salinas Pliego alegó que existe un acuerdo con la administración pasada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para evitar un “doble cobro” de impuestos, basado en “decenas de conversaciones” y un apretón de manos que, según él, tiene más validez que un documento formal.
En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, y la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, desmintieron el supuesto acuerdo con el magnate. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las afirmaciones de Salinas Pliego, recordándole otros procesos legales en México (como una deuda de 580 millones de dólares con inversionistas estadunidenses por TV Azteca) y enfatizando que no se necesita una “mesa técnica” adicional, sino que basta con pagar.
