El Gobierno de Querétaro anunció nuevas medidas contra personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), entre las que destaca la prohibición para ser contratadas dentro de la administración estatal y restricciones para obtener licencias de conducir.
La medida entrará en vigor a partir de este 6 de mayo, como parte de un decálogo enfocado en la protección de niñas, niños y adolescentes.
La oficial mayor del Gobierno del Estado, Linda Rangel, informó que ninguna dependencia del Poder Ejecutivo podrá contratar a personas registradas como deudores alimentarios.
La restricción aplicará tanto para trabajadores de base como para quienes pretendan colaborar bajo el esquema de honorarios.
“Queda estrictamente prohibida la contratación de cualquier persona que se encuentre inscrita en el registro de deudores alimentarios”, señaló la funcionaria.
Como parte de las nuevas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana colaborará para impedir que las personas inscritas en el RNOA puedan tramitar o renovar su licencia de conducir.
Además, las restricciones también alcanzarán otros ámbitos como:
El objetivo, según autoridades, es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar que quienes incumplen reciban beneficios públicos.
El gobernador Mauricio Kuri González respaldó las medidas y aseguró que forman parte de una estrategia para proteger a los sectores más vulnerables, especialmente a niñas, niños y adolescentes.
Autoridades estatales señalaron que en Querétaro se registran más de 20 mil juicios por pensión alimentaria cada año, aunque solo una pequeña parte de los casos aparece formalmente inscrita en el padrón nacional.
La Secretaría de las Mujeres también participará en la estrategia ofreciendo asesoría gratuita relacionada con obligaciones alimentarias y procesos legales vinculados con pensiones.
Asimismo, el gobierno estatal hizo un llamado a la iniciativa privada para sumarse a este tipo de medidas y reforzar la cultura de responsabilidad familiar.
Con estas acciones, el estado pretende posicionarse como uno de los referentes nacionales en materia de cumplimiento de obligaciones alimentarias y protección de derechos de la niñez.
Las autoridades consideran que endurecer las restricciones puede ayudar a reducir el incumplimiento y fomentar una mayor responsabilidad entre quienes tienen obligaciones alimentarias pendientes.
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