«No te metas si no quieres tener problemas»: Mujer gana casa en la Lotería Nacional, pero narcos llegan a reclamarla

El premio otorgado por la Lotería Nacional a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) se convirtió en un conflicto legal y de seguridad, luego de que un grupo delictivo reclamara la propiedad como propia.

Lo que debía ser un momento de celebración y esperanza para Esperanza, una mujer ganadora de una casa rifada en Jalisco, se convirtió en un episodio de tensión y amenaza en Tlaquepaque, Jalisco. La vivienda, ubicada en la calle Huerta Norte número 436, colonia Huerta de Peña, tiene un valor aproximado de 3 millones 481 mil 200 pesos y formaba parte del sorteo especial 291 de la Lotería Nacional, celebrado el 15 de septiembre de 2024, en el marco de las festividades del Grito de Independencia.

El inmueble fue obtenido originalmente mediante un proceso de extinción de dominio, dentro del marco de las políticas implementadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo encargado de subastar y sortear propiedades incautadas a delincuentes. Durante la administración anterior, se llevaron a cabo más de mil 300 operaciones de este tipo, buscando retribuir recursos al Estado y fomentar la participación ciudadana mediante la adquisición legal de bienes previamente confiscados.

Esperanza y su familia recibieron la noticia con emoción. Para ellos, la casa rifada por la Lotería Nacional representaba la posibilidad de acceder a su primera propiedad, aunque reconocieron que el inmueble no se encontraba en la zona donde residían habitualmente. El 4 de diciembre, la ganadora y su esposo acudieron a la privada Huerta de Peña para formalizar la entrega. Personal del instituto les otorgó documentación jurídica que acreditaba la propiedad y el derecho de la familia sobre el inmueble, aunque no se les entregó la escritura formal. Con esta documentación, regresaron a su ciudad de residencia confiados en que el proceso estaba asegurado legalmente.

El conflicto surgió casi cinco meses después, el 26 de abril de 2026, cuando vecinos del lugar alertaron a Esperanza de la presencia de personas ajenas que intentaban ingresar a la vivienda. Según relató la ganadora, los intrusos llegaron con herramientas y un cerrajero, forzando la puerta y afirmando que la casa rifada les pertenecía. Uno de ellos se presentó como “el dueño de la plaza”, advirtiendo a la mujer que no se involucrara si no quería enfrentar problemas, mientras exhibía un arma de fuego, lo que convirtió la situación en un riesgo directo para su seguridad personal.

El inmueble había pertenecido previamente a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta”, detenido en 2013 por la Policía Federal. Zúñiga Ovalle formaba parte del Cártel de la Laguna, vinculado a la facción de los Beltrán Leyva con operaciones en Durango y Coahuila. Posteriormente, el Gobierno Federal incautó la propiedad mediante extinción de dominio, integrándola a los bienes del instituto para ser subastada o sorteada. Sin embargo, desde 2025 Zúñiga Ovalle quedó en libertad, complicando el control del inmueble, actualmente ocupado por personas que se identifican como antiguos propietarios.

Denuncia y respuesta institucional

Ante la ocupación ilegal y las amenazas, Esperanza presentó una querella formal ante la Fiscalía de Jalisco, sin que hasta el momento exista una resolución que le permita tomar posesión efectiva de la vivienda. La situación también fue comunicada a la Lotería Nacional y al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los cuales reiteraron que su intervención se limita a la entrega inicial del premio mediante la documentación jurídica, sin responsabilidad sobre conflictos posteriores entre la ganadora y terceros.

Debido a la imposibilidad de habitar la propiedad de manera segura, la ganadora solicitó que se le entregue el valor económico de la casa rifada, conforme al artículo 21 del reglamento del INDEP, que establece que si no puede entregarse el premio físico, debe otorgarse su equivalente en efectivo, garantizando así la protección de los derechos del ganador sin comprometer su seguridad.

Esperanza aseguró que no desea mantener la propiedad en disputa y busca únicamente recibir el monto económico del inmueble para proteger a su familia. “No puedo vivir con miedo; no quiero la casa, quiero el dinero. Lo justo sería que se cumpla lo que marca la ley”, declaró.

Contexto social y relevancia

El caso de Esperanza evidencia las complejidades que pueden surgir al manejar bienes incautados a organizaciones criminales. Aunque los sorteos de casas del INDEP buscan fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la recuperación de activos del crimen organizado, también pueden generar conflictos legales y de seguridad cuando los antiguos propietarios o sus redes aún ejercen influencia en la zona.

Esta situación refleja la necesidad de reforzar los protocolos de entrega y resguardo de inmuebles rifados, especialmente cuando se trata de propiedades de alto valor económico y vinculadas a la delincuencia organizada. El caso se ha convertido en un ejemplo de cómo interactúan la legalidad formal, los derechos de los ciudadanos y los riesgos que persisten en contextos de criminalidad histórica.

Por ahora, la historia de Esperanza permanece abierta, con un desenlace pendiente que podría marcar un precedente sobre cómo se manejan los premios de alto valor provenientes de bienes incautados y la forma en que el Estado garantiza la seguridad de los ganadores ante reclamaciones de terceros.