Familiares de líderes criminales entregados por México a EU denuncian supuesto “destierro”

Abogados acusan violaciones al debido proceso tras el traslado de personas detenidas a Estados Unidos sin cumplir los procedimientos constitucionales y del tratado bilateral.

Este lunes 26 de enero, familiares y abogados de tres personas que fueron trasladadas de México a Estados Unidos sin un proceso formal de extradición presentaron una demanda contra autoridades mexicanas por presuntas violaciones a derechos constitucionales. La acción legal fue anunciada en la Ciudad de México y se perfila como el primer recurso judicial de este tipo contra la política de seguridad y cooperación internacional aplicada por el gobierno federal desde 2025.

De acuerdo con los promoventes, los traslados se realizaron sin cumplir los procedimientos legales establecidos tanto en la Constitución mexicana como en el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos. Los abogados argumentan que estas acciones vulneran garantías fundamentales, en particular el derecho al debido proceso, y podrían constituir un traslado forzoso fuera del país, ya que las personas enviadas a la jurisdicción estadounidense se encontraban previamente procesadas o condenadas en territorio nacional.

Uno de los casos incluidos en la denuncia es el de Juan Pedro Saldívar Farías, presunto exintegrante del cártel de Los Zetas, quien llevaba más de diez años privado de la libertad en México. Según su defensa, el detenido tenía la posibilidad de acceder a beneficios legales, como la libertad condicionada, y su envío a Estados Unidos interrumpió procedimientos jurídicos en curso, con afectaciones directas a sus derechos y a los de su familia.

La demanda fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y señala como responsable al Consejo Nacional de Seguridad, órgano colegiado que integra a distintas dependencias civiles y militares del Estado mexicano. Los demandantes sostienen que las decisiones que permitieron las entregas de los detenidos se adoptaron mediante acuerdos internos, sin resoluciones judiciales que autorizaran los traslados conforme a la ley.

El recurso legal se da en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos. Según los abogados, desde finales de febrero de 2025 México ha transferido al menos 92 presuntos criminales en tres etapas, utilizando mecanismos distintos a la extradición formal. Estas acciones han sido justificadas por el gobierno federal como parte de la estrategia para combatir delitos transnacionales, en particular la producción y distribución de fentanilo, uno de los ejes centrales de la agenda bilateral reciente.

La controversia ha detonado un debate jurídico de alto nivel sobre los límites de la cooperación internacional, el respeto a las garantías constitucionales y la correcta aplicación de los tratados de extradición. Ahora, el caso quedará bajo análisis de las autoridades judiciales mexicanas, que deberán determinar si los traslados se ajustaron al marco legal o si, como alegan los demandantes, constituyeron actos contrarios al orden constitucional.