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Dos policías municipales de Tijuana fueron suspendidos de sus funciones operativas tras una denuncia por presunto abuso policial y robo, caso que se volvió viral en redes sociales luego de ser expuesto por el influencer Jesús Osuna Torres, conocido como El Chikilín, director del centro de rehabilitación Patrulla Espiritual.
La medida fue confirmada por autoridades locales mientras se desarrolla una investigación interna con el objetivo de deslindar responsabilidades. El caso tomó mayor relevancia pública después de que Osuna Torres acudiera a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para confrontar a los agentes señalados.
El encuentro ocurrió en el inmueble de la FGE ubicado junto a la Central Camionera, en la colonia Arroyo Alamar, donde el influencer fue retirado del lugar por personal de la dependencia ante la intensidad del intercambio verbal.
A través de un video difundido en redes sociales, El Chikilín documentó el momento en que localizó a los policías dentro de las instalaciones de la Fiscalía. De acuerdo con su versión, los agentes acudieron a presentar una denuncia por presunta difamación, luego de que el señalamiento generara indignación pública y amplia difusión digital.
Durante la confrontación, Osuna Torres acusó directamente a los uniformados de extorsión y robo, mientras personal de la Fiscalía le solicitaba abandonar el sitio para evitar mayores incidentes. Este episodio incrementó la presión social sobre las autoridades municipales para pronunciarse sobre el caso.
La acusación inicial surgió cuando Rafael Enrique Pérez, conocido como El Rambo y colaborador de Patrulla Espiritual, junto con un mecánico, denunciaron haber sido despojados de dinero en efectivo durante una intervención policial.
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tijuana informó que los agentes Juan Carlos Arce Valenzuela y Mario Roca Gama fueron suspendidos desde el 12 de diciembre, como medida cautelarmientras se realizan las indagatorias correspondientes.
La síndica procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas, confirmó que la suspensión se aplicó tras la presentación formal de la queja ante la Sindicatura, instancia encargada de evaluar la conducta de los servidores públicos municipales.
Las autoridades indicaron que el proceso administrativo continuará hasta determinar si existió una falta y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes. Mientras tanto, el caso permanece bajo análisis tanto en el ámbito interno de la corporación como en la Fiscalía estatal.
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