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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó este lunes durante su conferencia matutina la controversia surgida tras la solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La mandataria afirmó que el tema ha sido utilizado políticamente por sectores opositores y algunos medios de comunicación para impulsar señalamientos contra su administración y contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
Durante su intervención, Sheinbaum explicó que el caso ocurre en medio de una serie de hechos recientes que han generado tensión entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
Entre ellos mencionó un incidente ocurrido en Chihuahua, donde —según indicó— se detectó la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo encabezado por autoridades estatales.
La presidenta señaló que este hecho podría representar posibles violaciones tanto a la Constitución mexicana como a acuerdos bilaterales entre ambos países, razón por la cual solicitó una revisión formal de lo ocurrido.
“A partir de esta solicitud se viene una campaña en los medios y en las redes”, declaró Sheinbaum al referirse a las críticas dirigidas hacia su gobierno.
La mandataria insistió en que cualquier investigación debe seguir su curso legal sin importar el cargo o la afiliación política de las personas involucradas.
Aseguró que ya instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la opinión de la Fiscalía General de la República sobre la existencia de elementos jurídicos suficientes que justifiquen una posible detención provisional de Rubén Rocha Moya.
“Nosotros no protegemos a nadie”, sostuvo la presidenta.
También reiteró que cualquier acción debe sustentarse en pruebas y realizarse dentro del marco legal correspondiente.
En otro momento de la conferencia, Sheinbaum defendió los resultados obtenidos por los gobiernos de Morena en materia económica y social.
La presidenta aseguró que la política de combate a la corrupción permitió fortalecer las finanzas públicas y ampliar programas sociales sin necesidad de aumentar impuestos.
Como ejemplo, mencionó que la recaudación federal pasó de aproximadamente 3 billones de pesos en 2018 a 5.3 billones en 2025.
También destacó indicadores sociales relacionados con la reducción de pobreza durante el sexenio anterior.
La mandataria subrayó además acciones recientes en materia de seguridad y cooperación internacional.
Entre ellas destacó:
“Si hay una persona que se demuestra que está vinculada con corrupción, se procede”, afirmó.
El tema también fue retomado por la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien durante su discurso inaugural aseguró que el partido no tolerará actos de corrupción dentro de sus gobiernos.
Montiel advirtió que cualquier aspirante rumbo a las elecciones de 2027 deberá contar con una trayectoria limpia y sin señalamientos comprobados.
“Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena”, expresó.
Además, señaló que incluso resultados positivos en encuestas internas no serán suficientes para respaldar candidaturas de personas involucradas en prácticas indebidas.
El caso ha generado una fuerte discusión política y mediática debido a la relevancia de los nombres involucrados y al contexto de seguridad y cooperación entre México y Estados Unidos.
Mientras sectores opositores exigen investigaciones más profundas, el gobierno federal insiste en que cualquier procedimiento deberá desarrollarse conforme a la ley y sin persecuciones políticas.
La polémica ocurre además en un momento clave para Morena, que busca consolidar su nueva dirigencia nacional y definir el rumbo político rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
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