La diputada mexiquense Leticia Mejía García presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de México para endurecer las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas, proponiendo penas que podrían alcanzar hasta los 12 años de prisión.
La propuesta surge en medio de la preocupación por casos en los que personas son señaladas injustamente de cometer delitos, situación que —de acuerdo con la legisladora— afecta de manera importante a integrantes del sector educativo, particularmente a maestras y maestros.
La iniciativa plantea modificar la legislación estatal para incrementar las consecuencias legales contra quienes acusen deliberadamente a otra persona de hechos inexistentes o fabriquen señalamientos sin pruebas.
Además de las penas de cárcel, el proyecto contempla elevar considerablemente las multas económicas relacionadas con el daño moral y la reparación del daño. Actualmente las sanciones económicas pueden llegar hasta mil días de multa, pero con la reforma podrían aumentar hasta los 5 mil días.
Según explicó la legisladora, una acusación falsa puede destruir la reputación de una persona, afectar su estabilidad laboral y provocar consecuencias emocionales y familiares difíciles de revertir, aun cuando posteriormente se demuestre su inocencia.
Durante la presentación de la propuesta en la LXII Legislatura mexiquense, Mejía García señaló que el problema se ha vuelto recurrente dentro de escuelas y espacios educativos.
La diputada sostuvo que existen casos donde docentes enfrentan señalamientos que terminan afectando su carrera profesional, su entorno familiar y su salud emocional, incluso antes de que exista una resolución legal.
Por ello, la iniciativa también contempla mecanismos para fortalecer la protección de los derechos tanto de quienes denuncian legítimamente como de quienes son acusados injustamente.
El proyecto no solo contempla sanciones penales. También incluye medidas preventivas y de atención dentro del ámbito escolar.
Entre las acciones propuestas destacan:
La legisladora subrayó que el objetivo no es desalentar las denuncias reales, sino evitar que el sistema legal sea utilizado para perjudicar injustamente a otras personas.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la llamada reparación integral del daño.
Esto implicaría que, cuando se demuestre que una acusación fue falsa, las autoridades puedan implementar medidas para restituir el honor, la imagen pública y la estabilidad laboral de la persona afectada.
La propuesta también contempla apoyo psicológico y asesoría jurídica para quienes enfrenten este tipo de situaciones.
Como parte de la argumentación de la iniciativa, la diputada citó cifras del INEGI, según las cuales cerca del 44% de las personas privadas de la libertad en 2021 afirmaron haber sido acusadas falsamente o involucradas en delitos que aseguran no haber cometido.
Para Mejía García, estas cifras muestran la necesidad de fortalecer mecanismos legales que permitan sancionar abusos y proteger los derechos de todas las partes involucradas.
La legisladora insistió en que fomentar la cultura de la denuncia sigue siendo fundamental en un país con altos índices de violencia y delitos. Sin embargo, consideró que también debe existir responsabilidad al momento de señalar a otra persona.
La iniciativa será analizada en comisiones del Congreso mexiquense, donde se discutirá el alcance de las reformas y la viabilidad de endurecer las penas por este tipo de conductas.
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